La directora de la Oficina de Conflictos de Intereses, Flor López Laguna ha avalado este miércoles en el Congreso las declaraciones patrimoniales entregadas a este organismo por los ministros de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, y de Educación y portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, que fueron publicadas en el Boletín Oficial del Estado del pasado 29 de septiembre.

López Laguna, que depende orgánicamente del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, ha comparecido ante la Comisión de Calidad Democrática de la Cámara Baja a petición del PP, cuya portavoz, Beatriz Escudero le ha preguntado si la oficina ha abierto alguna investigación o expediente sancionador por los datos patrimoniales que a su juicio habrían "ocultado" los dos ministros mencionados.

Escudero ha aludido a las distintas informaciones periodísticas publicadas sobre Duque y Celaá, a los que ha acusado de haber "mentido" sobre sus bienes. En su respuesta, López Laguna le ha recomendado que si tiene alguna "prueba" de sus afirmaciones las presente ante el órgano que ella dirige.

"Si ha habido ocultación es que habría habido dolo y sería una infracción muy grave, así que si alguien tiene pruebes, comuníquese y se iniciarán las actuaciones", ha indicado la compareciente recordando a la diputada que no se pueden abrir investigaciones teniendo en cuenta "valoraciones o noticias sin peso específico"

Sociedad patrimonial totalmente legal

Respecto al caso de Duque, López Laguna ha explicado que en sus declaraciones el ministro consignó la polémica sociedad patrimonial vinculada a dos de sus residencias. En este punto, ha resaltado que se trata de una "sociedad patrimonial totalmente legal y no cuestionable desde ningún punto de vista". "Si la cuestionamos tendremos que hacerlo también con todos los contribuyentes que recurren a esta vía", ha apostillado.

Además, el ministro comunicó a la oficina que había formado parte de una empresa hasta que el pasado mes junio cesó antes de incorporarse al Gobierno, con lo que, tampoco en este aspecto se ha producido "ningún tipo de irregularidad" ni "nada políticamente cuestionable", según la directora.

En cuanto a Celaá, que según 'Okdiario' ocultó que era propietaria de dos casas en su declaración de bienes, López Laguna ha indicado que la ministra recogió en este documento "el dato del patrimonio que ella tenía cuando tomó posesión" y que "está de acuerdo con la realidad". Por eso, en este caso, tampoco aprecia nada "cuestionable".

Comprobaciones con hacienda y el registro

Desde el PDeCAT, Jordi Xuclà ha preguntado a la compareciente quién confirma los datos que los altos cargos que se trasladan a la Oficina de Conflictos de Intereses. La directora le ha explicado que colaboran con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social y que hacen comprobaciones en Registro Mercantil y consultan los impuestos de patrimonio y de renta.

En cualquier caso, ha insistido en que la ley establece que los altos cargos "son responsables de la veracidad de sus datos" y que si hay "indicios de algún error o infracción" se les tiene que comunicar y la oficina investiga.

Por su parte, el diputado de Ciudadanos Toni Cantó ha criticado que, según sus datos, en doce años la oficina sólo haya abierto un procedimiento sancionador, a la miembro de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) Pilar Canedo por dar clases en una universidad sin cobrar mientras formaba parte del regulador y habiendo pedido permiso para la docencia.

21 procedimientos sancionadores desde 2006

Pero López Laguna le ha corregido informándole que desde 2006 han abierto 21 procedimientos sancionadores. Además, ha replicado a sus acusaciones de que su gestión ha sido "desastrosa" porque ha sido "dura con los débiles" pero "cómplice" con los "fuertes", recalcando que ella, como funcionaria del Estado que es, sólo obedece a la ley.

"Aplicamos normas, no tenemos más amo que la ley y la Constitución, no recibimos instrucciones ni admitimos criterios contrarios al ordenamiento", ha sentenciado López, incidiendo en que los funcionarios tienen "la conciencia muy tranquila".

Cantó también le ha pedido cuentas por casos de 'puertas giratorias' y en concreto de exministros o altos cargos que han pasado directamente de la Administración a la empresa privada como la exvicepresidenta Elena Salgado, quien fichó por Chilectra tras salir del Gobierno, y el subsecretario de la Presidencia entre 2011 y 2015 Jaime Pérez Renovales, quien ahora es secretario general y consejero del Banco Santander.

Según ha explicado López Laguna, antes de autorizar el paso al sector privado de los ex altos cargos, la oficina pide informes para saber si durante su gestión han tenido "relación directa" con las compañías en las que van a recalar y sólo les dan permiso si no la han tenido.

En el caso de Salgado se pidió un informe a la Abogacía del Estado que determinó que "no había motivo legal para la compatibilidad" y en el de Pérez Renovales se les informó de que mientras fue subsecretario de Presidencia "no dictó ninguna resolución" sobre el Santander, con lo que no había "ningún motivo jurídico" para denegarle la compatibilidad.