Este 2018 se cumplen cuarenta años de la Constitución de 1978, lo que creo que aconsejaría cierta reflexión acerca de su contexto y significado y de sus efectos y posibilidades prácticas. Estas líneas quieren servir de humilde reconocimiento a todos los ‘arquitectos’ constitucionales y a quienes han impulsado sus valores.

Frente a lo que desde algunos sectores se argumenta sobre el origen continuista del sistema político actual respecto del régimen anterior, por medio de la Constitución, debe recordarse que en modo alguno fue ese su contexto. Tras cuarenta años de oscuridad democrática y de ausencia de libertades (y de lucha social por recuperarlas), la Constitución de 1978 es el ejemplo político de una sociedad que, desde las diferencias ideológicas, en una encrucijada histórica decide apostar, desde la concordia, por un nuevo proyecto de convivencia basado en la pluralidad y en la tolerancia, con la añorada aspiración de poder avanzar hacia una nueva sociedad anclada efectivamente en los valores de la justicia, la libertad, la igualdad y la solidaridad. A tal objetivo, y teniendo muy en cuenta la experiencia de la historia, ha contribuido, como norma jurídica fundamental, nuestra Constitución de 1978.

Cuarenta años después, el balance de sus efectos es, pese a mensajes interesados de clara finalidad distorsionadora de la propia realidad (en este preocupante fenómeno de la posverdad, que tanto daño hace a los propios fundamentos de la democracia), claramente positivo, pues nunca en la historia de este proyecto político que es España se habían alcanzado los niveles de libertad, justicia, igualdad y crecimiento económico que ahora tenemos. Resulta innegable que la arquitectura constitucional de 1978 ha sido sólida, con unos cimientos políticos de primer nivel que han permitido consolidar la gran aspiración histórica de desarrollar un modelo de convivencia democrática anclada con convicción en el principio de igualdad y en la justicia social. Basta comparar el marco social actual con la España de 1978 para constatar que el pacto político en que se ancló nuestra Constitución ha tenido un gran éxito: verdadera libertad política y de ideas, consolidación de un Estado social de primer nivel, mejora del nivel económico, una clara igualación de la sociedad a través del modelo educativo, sanitario y de las prestaciones sociales, reconocimiento a las diferencias territoriales, etc.

Es cierto que todo proyecto de convivencia ciudadana -y la norma que lo regula- puede tener deficiencias y ser susceptible de mejoras, pero ello no justifica una descalificación global ni la necesidad de una revisión de su totalidad. Nada impide, obviamente, ajustar la Constitución, como norma jurídica, en aquellos aspectos sobrevenidos en el tiempo, como pueden ser los nuevos derecho sociales -lo que puede ayudar a reforzar la convicción ciudadana sobre el modelo de sociedad-, o en aquellas cuestiones que en este momento puedan necesitar una ‘resincronización’ (evidente en el modelo territorial).

Pero los valores en los que se fundamenta el pacto constitucional de 1978 son sólidos y de plena vigencia. Así, cuarenta años después, conviene recordar que nada nos viene dado (¡qué importante es mirar atrás y estudiar nuestra historia!) y que, frente a opiniones con clara vocación de desestabilización, la Constitución de 1978 es un ejemplo a preservar de cómo desde la diversidad (discrepancia incluso) es posible construir un futuro político común basado en el espíritu de concordia. Estos cuarenta años constitucionales, por comparación con los anteriores cuarenta años, deben servir para reforzar nuestras convicciones y ambiciones democráticas y de libertad, y para reconocer y poner en valor el trabajo y el esfuerzo de esa generación de ciudadanos que, desde una verdadera convicción en las esencias democráticas, hizo posible esta actual España que sin duda es mucho mejor.

No es tiempo por ello de derribar, sino de reformar y rearmar los valores y principios de nuestra Constitución de 1978, reafirmando su verdadera esencia y significado. Por ello, la efeméride de estos cuarenta años debe ser puesta en claro valor, pues ha permitido -y deberá permitir- desarrollar nuestro proyecto de libertad y democracia.

José María Gimeno Feliu es catedrático de Derecho administrativo