España ha expulsado durante la última década (2008-2017) exactamente a 89.490 inmigrantes por infracciones a la ley de extranjería, en la inmensa mayoría por estancia o entrada ilegal, según los últimos datos del Ministerio del Interior enviados al Parlamento. O lo que es lo mismo, cada día de este último decenio han sido deportados 24 inmigrantes 'sin papeles'.

De media, un extranjero ha abandonado por la fuerza el país cada hora durante esos dos lustros. Siguiendo con los grandes datos, esos casi 90.000 foráneos devueltos a sus países de origen son solo el 0,18% de la población extranjera empadronada en España (tanto regular como 'sin papeles') de acuerdo con los datos del INE del pasado abril.

Pero más allá de las grandes cifras, los informes estadísticos con los que Interior acaba de responder a una batería de preguntas del senador de Bildu Jon Iñarritu sobre inmigración revelan algunos datos llamativos. España no expulsa de manera homogénea y cada vez deporta a menos extranjeros.

Más de la tercera parte de los devueltos a sus países de origen, un total de 31.426 personas, tenía ciudadanía marroquí, que es la nacionalidad con más extracomunitarios presentes en España con 769.050 empadronados. Sorprende que el segundo país no europeo con mayor presencia en España, China, con 215.748 residentes, apenas cuenta con 857 expulsados en una década, lo que da idea de la dificultad para conseguir la repatriación a este país de sus ciudadanos.

Bolivia es la segunda nacionalidad con más expulsados con 7.366, seguida de Brasil, un país sin tanta presencia migratoria en España, con 6.286. Colombia, cuya colonia es la tercera extracomunitaria más importante en el país, contabilizó en la última década 5.357 deportados.

Solo un país de la Unión Europea se sitúa entre los estados que cuentan con más de un millar de expulsados en la última década. Se trata de Rumanía, con 1.669 devueltos a su país, no por estancia o entrada ilegal (pues se trata de ciudadanos comunitarios) sino por otras infracciones a la ley de extranjería, especialmente condenas por delitos o quebrantamientos de la prohibición de entrada.