La subida del salario mínimo fue uno de los puntos más controvertidos de la negociación entre el Gobierno y Unidos Podemos. Finalmente, la subida hasta los 900 euros del SMI (14 pagas al año) anunciada el jueves en el acuerdo firmado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias no es baladí, ya que supone un incremento del 22,3% en solo un año, la mayor subida desde 1980. En 2018 subió un 4%, un 8% en 2017 y solo un 1% en 2016. Con esta propuesta presupuestaria, el SMI anual ascendería a los 12.600 euros brutos para los españoles.

El impacto presupuestario previsto por el Gobierno para 2019 es de 340 millones de euros. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, explicó que subir el salario mínimo supone un mayor volumen de ingresos que de gastos. Y es que con este aumento se incrementan las cotizaciones a la Seguridad Social y eso redunda en el saneamiento de las cuentas para "sostener mejor las pensiones". Además, destacó que para las administraciones públicas comporta "gasto cero" porque "prácticamente ningún sueldo está por debajo de los 1.000 euros". Los sindicatos han valorado positivamente esta subida propuesta en el documento firmado por el Gobierno y Podemos, pero la patronal considera que "cuestiona el diálogo social" y se salta lo acordado en negociación colectiva. En un comunicado, la CEOE avisó de que esta medida "tendrá unos efectos negativos" en la negociación colectiva, cuya senda en materia de incrementos salariales estaba recogida en las recomendaciones pactadas por patronal y sindicatos en el IV acuerdo para el empleo y la negociación colectiva (AENC).

La patronal asegura que la medida tendrá consecuencias negativas también en la contratación pública pactada con las empresas y también en los convenios colectivos en vigor. Recordó que el anterior Gobierno del PP y los interlocutores sociales firmaron un acuerdo para subir el SMI a 735 euros mensuales en 2018, cuantía que, en caso de que el PIB real creciera por encima del 2,5% y la afiliación media en 450.000 personas, se situaría en 773 euros en 2019 y en 850 euros en 2020.

Es más, el presidente de la CEOE, Juan Rosell, se mostró en desacuerdo con este incremento explicando que hay convenios colectivos que hay que respetar "y no se pueden tirar por la ventana". En respuesta, la ministra de Hacienda animó a la patronal a "impulsar" unos salarios mínimos de 1.000 euros.

Subsidio para mayores de 52

Además, otro de los puntos explicados en el documento es la recuperación del subsidio por desempleo para mayores de 52 años, estableciendo el cómputo de rentas sobre la base de las de la persona beneficiaria y no de la unidad familiar, suprimiendo la obligación de tener que acceder a la jubilación anticipada cuando se percibe y volviendo a establecer en el 125% del SMI la base mínima de cotización a la Seguridad Social durante su percepción. Esta medida tendrá un impacto presupuestario de 323 millones de euros.

Asimismo, se prevé sustituir la Renta Activa de Inserción y los programas extraordinarios como el Prepara, el de Activación para el Empleo (PAE) y el Subsidio extraordinario por desempleo (SED) por una nueva regulación del sistema de protección asistencial por desempleo, "dotándole de mayor estabilidad, de manera que haga posible elevar la tasa de cobertura y la intensidad de la protección de las personas desempleadas que lo necesiten", asegura el documento.

El fin es derogar los "aspectos más lesivos" de la reforma laboral de 2012 antes de finalizar el año, particularmente en materia de negociación colectiva. En palabras del Gobierno, los salarios mínimos son una "potente herramienta" social para contribuir significativamente a prevenir la pobreza en el trabajo y fomentar un crecimiento salarial general más dinámico.