Pacto para incluir el consentimiento expreso en los delitos sexuales del Código Penal

El Gobierno de Pedro Sánchez y Unidos Podemos han acordado impulsar una reforma del Código Penal que introduzca el consentimiento expreso de la víctima en la tipificación de los delitos sexuales, según el acuerdo alcanzado para los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019. El objetivo es que la falta de consentimiento se convierta "en clave nuclear" en este tipo de delitos.

"Si una mujer no dice que sí explícitamente, todo lo demás es no", se argumenta en el pacto que han firmado este jueves por la mañana en el Palacio de La Moncloa el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de Unidos Podemos, Pablo Iglesias.

La revisión de la tipificación de estos delitos se puso sobre la mesa tras la publicación de la sentencia que condena a los cinco jóvenes de 'La Manada' por un delito de abuso sexual, y les absuelve del de agresión. El delito de abuso sexual se trata de acceder al cuerpo de otra persona sin consentimiento y sin violencia física. Es lo que ocurre, por ejemplo, sobre los menores de edad, que no pueden prestar por ello ese consentimiento.

PSOE y Podemos defienden en su pacto "blindar que solo es sí es sí" por ley. Según argumentan, para erradicar la violencia sexual "se impulsará una ley integral por la protección de la libertad sexual y contra las violencias sexuales que garantice la sensibilización, prevención, detección, atención, protección y reparación".

Unificar el delito de abuso y agresión

Asimismo, la norma implicará "la acreditación de la víctima, la unificación y ordenación de las conductas constitutivas de agresiones sexuales y de abusos sexuales bajo la denominación común de 'agresiones sexuales'". Es decir, eliminar la diferenciación entre delito de abuso sexual y el de agresión, una propuesta formulada por Unidos Podemos es la ley de Libertad Sexual registrada el mes de julio en el Congreso.

Por otro lado, Podemos y el Gobierno han pactado incrementar en un 10% la dotación presupuestaria para el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, consignándose en 2019 220 millones de euros. Este incremento ya fue anunciado por el Ejecutivo, que precisó que el año que viene se duplicarán los fondos destinados a programas dirigidos a erradicar la violencia de genero para los ayuntamientos, pasando de 20 millones en 2018 a 40 en 2019.

Así, los dos partidos han acordado "fortalecer la tutela judicial y el acceso a la justicia para mejorar la participación de la víctima en el proceso penal", con la designación urgente de abogados y procuradores de oficio en los procedimientos que aseguren la inmediata presencia para la defensa y representación de las víctimas.

El texto también menciona las medidas que llevó el Gobierno a Consejo de Ministros en agosto para dar cumplimiento al Pacto de Estado, como facilitar la acreditación de víctima de violencia de género a través de distintas instituciones como los servicios sociales municipales sin necesidad de que medie denuncia policial o judicial.

También señala la reforma del Código Civil para que la atención y asistencia psicológica quede fuera del catálogo de actos que requieren una decisión común en el ejercicio de la patria potestad cuando cualquiera de los progenitores esté incurso en un proceso penal por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro progenitor o de los hijos e hijas de ambos.