Los sindicatos mineros negocian inversiones con el Ministerio

Piden que los trabajadores del sector puedan prejubilarse a partir de los 48 años y que haya 1.250 millones de euros para la reactivación económica de las comarcas mineras.

Teresa Ribera en una conferencia sectorial de medio ambiente.
Teresa Ribera preside la primera Conferencia Sectorial de Medio Ambiente.
Efe

El nuevo plan de transición justa para la minería del carbón permitirá que los trabajadores de la minería puedan prejubilarse a partir de los 48 años, con la condición de que lleven 8 años trabajando en el sector, y habrá 1.250 millones de euros para la reactivación económica de las comarcas mineras –Aragón, Asturias, Castilla y León y la ciudad de Puertollano (Ciudad Real)-.

Estos dos aspectos están "prácticamente amarrados" en la negociación, que llevan estos días UGT-FICA y la Federación de Industria de Comisiones Obreras con el Ministerio de Transición Ecológica, según confirmaron tras la reunión de ayer en Madrid fuentes presentes en dichas confirmaciones. "Estamos hablando de prejubilaciones a los 48 años", en el plan anterior la edad mínima de acceso era de 52 años, "y de dinero para la reactivación y esperamos avanzar en las negociaciones", explicaron tras la reunión los responsables de minería de ambos sindicatos, Víctor Fernández y Jesús Crespo.

"Las negociaciones han avanzado desde que la ministra Teresa Ribera y el secretario de estado de Energía, José Domínguez, se comprometieron a tener "flexibilidad" en las negociaciones. Además, entre los sindicatos y el gobierno se negocia la duración del plan de reactivación, aquellos quieren alargarlo hasta el 2027 y el gobierno limitarlo hasta el año 2025, pero "la cantidad global de 1.250 para este aspecto", empleo e infraestructuras, está "cerrada".

Además, se negocian otros puntos como una cierta flexibilidad en la devolución de las ayudas públicas recibidas desde 2010.

Hay que tener en cuenta que los 48 años para prejubilarse de los que se habla en las negociaciones son de edad ‘química’, ya que debido a la penosidad de trabajo en la mina cada año trabajado por un minero equivalen a 2 años, con lo que habría algunos trabajadores que podrían prejubilarse “con menos de 40 años de edad real”. Igualmente, entre los sindicatos y el gobierno se negocia la duración del plan de reactivación, aquellos quieren alargarlo hasta el 2027 y el gobierno limitarlo hasta el año 2025, pero “la cantidad global de 1.250 para este aspecto”, empleo e infraestructuras, está “cerrada”.

Además de estos dos aspectos, los sindicatos y el gobierno negocian otros puntos que afectan directamente a la empresa Samca y a su mina de Ariño (Teruel) como son una cierta “flexibilidad” en la devolución de las ayudas públicas recibidas desde 2010 –exigencia de la Unión Europea- por parte de aquellas empresas que quieran continuar extrayendo carbón a partir del uno de enero de 2019 y cierta presencia en el mix energético del carbón autóctono, además de la contratación de excedentes del sector en las labores de restauración de las minas que cierren.

Hay que tener en cuenta que en Aragón, donde actualmente se produce 1,7 millones de toneladas de carbón anuales, dos terceras partas de todo el que se extrae en España, la empresa SAMCA, que extrae en su explotación a cielo abierto de Ariño (Teruel) el 90% de todo el mineral aragonés y donde trabajan cerca de 500 personas –de las 2.150 de todo el sector- está dispuesta a seguir con su actividad a partir del 1 de enero de 2019, ya que extrae carbón de manera rentable y sin ayudas desde hace algunos años, deberá de devolver, como marca la decisión 787 de la UE, todas las ayudas públicas recibidas desde el año 2010, unos 7 millones de euros.

Además, el anunciado cierre de la térmica de Endesa en Andorra para julio del año 2020, decisión que es difícil que la empresa eléctrica modifique es otra espada de Damocles para Samca y sus trabajadores. En este sentido, como explicaba tras la reunión el responsable de minería de CCOO en Aragón Antonio Montoyo, el Ministerio de Transición Ecológica y el de Trabajo estudian la fórmula para que pese a que Samca continúe con su actividad a partir del 31 de diciembre, sus trabajadores también pueda acogerse a los beneficios del plan social, en concreto las prejubilaciones y bajas incentivadas, que se está negociando.

Sindicatos y Gobierno volverán a verse el próximo martes 16 de octubre con el objetivo de “llegar a un acuerdo”, explicaba Víctor Fernández, que, cada vez parece más cerca. “El compromiso que adquirió la ministra en la última reunión parece que se está cumpliendo y respecto a Aragón y la continuidad de sus minas competitivas, parece que Samca va a continuar, ellos están trabajando con el ministerio de Trabajo para solucionar la cobertura de todos los trabajadores en el tema de prejubilaciones y bajas incentivadas, como no puede ser de otra manera”, según explicó tras la reunión Antonio Montoyo.

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