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Nacional

Inteligencia institucional

Las Administraciones Públicas tienen el reto de desarrollar una correcta ‘inteligencia institucional’, que aproveche la información y el conocimiento para ofrecer a los ciudadanos unos servicios públicos adecuados y gestionados de manera eficiente.

La Administración española debe desarrollar una nueva inteligencia institucional.
La Administración española debe desarrollar una nueva inteligencia institucional.
Krisis'18

El siglo XXI y la globalización económica y social están impactando de forma muy directa en la misión de las Administraciones públicas de transformación de la sociedad. Las necesidades actuales exigen nuevas respuestas, lo que obliga a avanzar hacia un modelo efectivo de inteligencia institucional.

Así, en la nueva cultura de la transparencia, como rendición de cuentas, hay que utilizar los ‘big data’ propios y también ajenos con la finalidad de conocer situaciones y proyectar de forma correcta decisiones futuras (y de descartar las ‘fakes news’). Los datos, bien tratados y filtrados, deben aportar información fiable para avanzar hacia nuevos escenarios y dirigir de forma adecuada el timón, lo que obliga a superar las inercias propias de mantenimiento del ‘statu quo’, justificando, bajo argumentos de interés general, lo que son intereses particulares concretos. Por ello, la inteligencia institucional nos dirige hacia los paradigmas del gobierno abierto. Donde, por cierto, la política de comunicación objetiva y creíble se visibiliza como una herramienta esencial para mejorar la confianza ciudadana en el modelo y la utilidad de la participación ciudadana.

Asimismo, debe revisarse la política del personal público, con la finalidad de captar el talento para superar la falta de competitividad en este aspecto (lo que de forma ineludible implica revisar el modelo retributivo público y los sistemas de acceso), afrontando la situación de envejecimiento de las plantillas y la necesidad de mejorar su cualificación a través de una correcta política de profesionalización y capacitación de carácter dinámico, pues las exigencias son bien distintas y aconsejan una mejor adaptabilidad de los recursos humanos.

Por supuesto, en España debe revisarse la actual estructura administrativa, excesivamente atomizada y difícilmente justificable, lo que impide un desarrollo correcto de las funciones públicas asignadas a ciertas instituciones. Repensar la escala administrativa desde la lógica de la mejor eficacia y eficiencia en el ejercicio de las competencias debe ser un principio esencial de una correcta política de inteligencia institucional (y, quizá, una de las decisiones previas para abordar un tema tan complejo como la despoblación).

En esta nueva lógica de inteligencia institucional deben jugar un rol las universidades públicas, que deben funcionar como ‘think tanks’ cooperativos en red, con capacidad de transmitir conocimiento práctico. Una Administración Pública moderna debe aliarse con su red de universidades como garantía de la mejor inteligencia institucional. Solo así se puede superar la trampa de las decisiones públicas basadas en la opinión (o contaminadas por grupos de presión que han ‘capturado’ el interés público), y no en el conocimiento objetivo. Resulta incuestionable que en la actualidad, en España, con carácter general, el mejor conocimiento se encuentra en los organismos públicos de investigación y universitarios, por lo que invertir en ellos, además de otros beneficios directos bien conocidos, puede asegurar una mayor calidad de las decisiones públicas.

Las Administraciones Públicas tienen el reto de desarrollar una correcta inteligencia institucional desde la perspectiva de la óptima organización y de la mejor captación de conocimiento y talento para poder abordar con posibilidades de éxito las complicadas decisiones que se derivan de una sociedad tan compleja e interrelacionada. Aprender a cooperar con otras instituciones públicas y con los entornos privados (lucrativos y no lucrativos), desde la lógica del ‘win/win’ (todos ganan), puede permitir una más adecuada prestación de los servicios públicos y los principios de equidad que los inspiran.

La buena administración, como derecho fundamental de los ciudadanos, exige este nuevo modelo de inteligencia institucional, que dé respuestas ágiles, correctas y eficientes a las necesidades que vayan surgiendo en cada momento y mejore, por ello, la cadena de valor de nuestras Administraciones públicas.

José María Gimeno Feliu es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza

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