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Nacional

Nuevos hábitos no menos perniciosos

Todos los gobiernos han socavado la independencia del poder judicial, pero ahora se ha inaugurado un nuevo tipo de ataque directo contra jueces y fiscales. Las declaraciones imprudentes de varios ministros sobre los independentistas presos son peligrosas.

Tradicionalmente los gobiernos han intentado influir en el poder judicial mediante infiltración.
Tradicionalmente los gobiernos han intentado influir en el poder judicial mediante infiltración.
F. P.

Corresponde al presidente del Gobierno poner orden en la rítmica escalada de declaraciones de sus ministros inmiscuyéndose en asuntos judiciales en curso. De lo contrario, la sistemática violación de la separación de poderes en España va a inaugurar un nuevo y terrible escenario y alcanzará cotas delirantes. Estamos acostumbrados a las agresiones a la independencia judicial por simpatía del poder político contra el poder judicial. La elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o la de altos cargos jurisdiccionales son dos buenos ejemplos. Lo que no habíamos visto hasta ahora es agresiones públicas por antipatía: declaraciones impertinentes y maliciosas, sin argumento legal, que por mero interés sectario y partidista ponen en entredicho la credibilidad de jueces y fiscales.

La democracia española está mal acostumbrada y ha normalizado que el poder ejecutivo y el legislativo infiltren la independencia del poder judicial. En pocas palabras, que los políticos coloquen o intenten colocar a sus amigos en los mejores puestos. La trayectoria, desgraciadamente en línea siempre creciente, la inauguró Felipe González y hasta hoy los sucesivos gobiernos no han dejado de influir en el nombramiento de altas jerarquías judiciales o fiscales. Los dos poderes políticos han atacado históricamente al poder judicial desde dentro, es decir, tratando de establecer una relación endogámica. Con ser grave, y desde luego contraproducente, no es menos cierto que el propio ADN judicial y el propio carácter profesional de jueces y fiscales, gente especial, ha sabido mantener un juego de equilibrios que no ha alterado su credibilidad.

Los ataques a la independencia judicial adoptan hoy, sin embargo, una técnica mucho más grosera. Ha nacido un nuevo ataque político: el ataque directo lanzado al exterior. No creo en la maldad intrínseca de ningún gobierno, fundamentalmente porque tampoco he crecido jamás en la bondad intrínseca de ningún gobierno. Sin embargo, el hecho de que este gobierno sea débil y deba apoyarse en enemigos declarados del Estado de derecho español (hasta tal punto son enemigos que niegan la existencia misma de un Estado de derecho en España) provoca la impaciencia y el desdén de algunos miembros del Gobierno. A veces se les nota más empeñados en lograr sus objetivos como sea que en preservar el orden político e institucional para lograr sus objetivos. Orden que, sin un sistema judicial en el que los ciudadanos puedan creer, estallaría en mil pedazos.

La ministra Carmen Calvo, la ministra Batet, la delegada del Gobierno en Cataluña, el ministro Borrell o la propia ministra de Justicia han hecho declaraciones imprudentes acerca de la situación judicial de los presos del golpe en Cataluña. Deberían haber sido censuradas por el presidente del Gobierno. Josep Borrell quiere que los juicios se celebren ya, pero no porque le preocupen los plazos que manejamos en los juzgados por una falta de medios sonrojante, no. La agenda de señalamientos que le interesa es solo la de los presos de los graves sucesos de septiembre y octubre de 2017 en Cataluña. Lamentable, que el Gobierno presione hasta en la aplicación del libro-agenda de señalamientos… ¡qué no pretenderán hacer con la sentencia cuando sea publicada o con el borrador de reforma de la Ley de Indultos!

El orden en un Estado de derecho depende, entre otras cosas, de que los delincuentes sean juzgados y castigados. Entristece que, por ejemplo, la delegada del Gobierno en Cataluña patrocine un discurso favorable a la impunidad. Inaugurada la senda del ataque directo, solo cabe pedir prudencia y cese de hostilidades. Si nuestros gobernantes contribuyen a deslegitimar la acción de la Justicia, los ciudadanos inevitablemente acabaremos percibiendo a los tribunales como un instrumento político más, y por lo tanto caprichoso, parcial e injusto. Se asestaría un golpe definitivo al Estado de derecho, es decir, al mínimo común denominador imprescindible en una democracia en paz. No hay mejor ejercicio de prudencia que mantener la boca cerrada cuando uno está en la fiesta equivocada, con la vestimenta menos adecuada y sin invitación alguna. Sobre todo si te has colado con el único objetivo de ponerte morado de canapés.

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