La Santa Sede destierra diez años en un convento a un cura pederasta de León

Los investigadores consideran probados los hechos denunciados en una carta al Papa por un joven que también sufrió los abusos en Zamora.

La localidad leonesa de La Bañeza, donde se encuentra el Seminario Menor.
La Santa Sede destierra diez años en un convento a un cura pederasta de León
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Durante diez años no podrá ejercer su ministerio y estará recluido en un convento. José Manuel Ramos Gordón, el sacerdote de la Diócesis de Astorga (León) acusado de abusar, al menos, de dos menores durante su etapa como profesor en el Seminario Menor de la localidad leonesa de La Bañeza, también cometió abusos sexuales en el colegio Juan XXIII de Puebla de Sanabria (Zamora) entre los años 1981 y 1984. Esa es la conclusión de la investigación llevada a cabo por la Santa Sede a través de expertos juristas extradiocesanos, que consideran probados los hechos denunciados por un exalumno del centro zamorano, de forma que el sacerdote habría cometido un delito grave de abusos sexuales a menores.

Sin entrar en detalles, el obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez, dio ayer a conocer el resultado de la investigación y trasladó personalmente a la víctima de los abusos la decisión adoptada. El prelado explicó durante su comparecencia que habló con la víctima: "Le expresé mi dolor por la gravedad del delito cometido, le pedí perdón en nombre de la comunidad diocesana y me puse a su disposición para acompañarle en lo que pueda hacer".

En el marco de la investigación, explicó Menéndez, el sacerdote José Manuel Ramos Gordón "no aclaró suficientemente los hechos" y en ningún momento confesó ser autor de los abusos denunciados por la víctima el 21 de febrero de 2017, como sí reconociese los cometidos en el seminario bañezano. En cualquier caso, según remarcó el obispo respecto de las circunstancias que concurrían en torno al caso, tanto los asesores como los delegados concluyeron que se daba "una altísima certeza moral de la existencia de los abusos".

Por su parte, la congregación ha notificado al sacerdote que se le impone, por estos hechos, la privación del ejercicio público del ministerio sacerdotal durante diez años, así como la obligación de residir en un monasterio o convento fuera de la diócesis de Astorga durante ese tiempo. Transcurrido este periodo, puntualizó el obispo, el sacerdote podrá volver a la diócesis "para residir en la casa sacerdotal, aunque solo podrá celebrar la eucaristía fuera de la casa con la autorización expresa".

Se trata de una "pena dura" aunque no la pena máxima: la expulsión, que no se ha barajado, según informó el obispo de Astorga, porque los hechos se remontan 35 años en el tiempo y, tras demostrarse, señaló, que Ramos Gordón ha vivido un sacerdocio "normal y positivo", en su última etapa.

El obispo de Astorga expresó su firme condena de unos hechos que ha calificado de "vergonzosos", al tiempo que reafirmó su decisión de luchar contra los delitos de índole sexual "por todos los medios legítimos". Hasta la fecha tan solo tres personas han denunciado a Gordón por abusos sexuales, aunque el relato de los denunciantes, que eran menores que residían internos en esos colegios, pone de manifiesto que podría haber más víctimas y otros sacerdotes que habrían abusado de los menores.

Prescripción del delito

Por los años transcurridos, su caso habría prescrito desde el punto de vista penal y civil, incluso en la vía canónica. Pero el papa Francisco derogó la prescripción y reabrió el expediente. Tras la toma de declaraciones, el Vaticano condenó a Ramos Gordón a la privación de la labor de párroco durante un año. Una sentencia que no impidió que los vecinos de la localidad zamorana de Tábara despidieran con honores a este sacerdote.

Por otra parte, el obispo aseguró que aún sigue a la espera del resultado de la investigación sobre los abusos ejercicios en el Seminario de la Bañeza por el educador Ángel Sánchez Cao, un sacerdote que hoy está ejerciendo su ministerio en Barco de Valdeorras (Lugo).

Tras la denuncia por "abusos y tocamientos" interpuesta por el exseminarista Emiliano Álvarez, la diócesis abrió una investigación, que en la actualidad todavía está bajo secreto pontificio, aunque el obispo astorgano reveló que la instrucción ya está hecha y que está esperando el informe con los resultados. "Una vez que tenga la conclusión, al igual que hoy, daré cuenta de ella públicamente", señaló.

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