El TSJM mantiene suspendidas las oposiciones a psicólogo militar que Robles había ordenado repetir
El Ministerio de Defensa quiere volver a realizar las pruebas para incluir a dos aspirantes rechazadas por llevar tatuajes.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha decidido mantener la suspensión cautelar de las oposiciones a psicólogo militar que el Ministerio de Defensa había ordenado repetir para incluir a dos aspirantes que habían sido rechazadas por lucir tatuajes que podían ser visibles con uniforme de falda.
El auto dictado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM, al que ha tenido acceso Europa Press, confirma la decisión adoptada en agosto de suspender cautelarmente la repetición de las oposiciones hasta que se resuelva el recurso interpuesto por una de las candidatas, que había superado las pruebas iniciales y alega que la repetición vulnera sus derechos fundamentales.
La decisión, adelantada por ABC, mantiene así en el aire la decisión adoptada por la ministra Margarita Robles de repetir las oposiciones al Cuerpo Militar de Sanidad, en la especialidad de Psicología.
La polémica se inició cuando dos aspirantes denunciaron que habían sido excluidas de las pruebas de acceso por lucir tatuajes en los pies, que podían ser visibles con el uniforme de falda. Esta medida no afectaba a los hombres candidatos, por lo que Defensa decidió modificar las bases y ordenó la repetición de las pruebas para incluir a las dos candidatas que habían sido rechazadas.
Perjuicio para los siete ganadores
Sin embargo, los siete aspirantes que habían superado la oposición denunciaron la situación y el TSJM decidió suspender cautelarmente las pruebas hasta adoptar una decisión final. A su juicio, en una argumentación que refrenda este último auto, el perjuicio que supondría para ellos la repetición de las oposiciones es superior al que se causa al Ministerio con la suspensión cautelar.
El auto, con fecha de 11 de septiembre, subraya que no se pronuncia sobre el fondo del asunto sino que se limita a rechazar el recurso del Ministerio de Defensa contra esa suspensión cautelar. Además, condena a la Administración al pago de las costas del proceso y concede 30 días para la presentación de recurso de casación.
