La Sala del 61 del Tribunal Supremo, presidida por Carlos Lesmes, ha rechazado por unanimidad apartar a los cinco magistrados que juzgarán en los próximos meses a los líderes independentistas procesados en la causa del "procés", como solicitaron algunos de ellos.

Tras hora y media de reunión, esta sala especial del Supremo, famosa por dictar la ilegalización de Batasuna en 2003, ha desestimado ocho de las once peticiones de recusación contra los cinco jueces de la Sala de lo Penal del alto tribunal.

Las otras tres, efectuadas por el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los exconsellers huidos Lluís Puig y Clara Ponsatí, no se han admitido a trámite.

Las recusaciones afectaban al presidente de la Sala de lo Penal y del tribunal que enjuiciará los hechos, Manuel Marchena, y a otros cuatro magistrados: Antonio del Moral, Luciano Varela, Juan Ramón Berdugo y Andrés Martínez Arrieta.

Aunque por el momento solo se ha conocido el fallo, la decisión de la Sala del 61 demuestra que sus integrantes, entre ellos su presidente, Carlos Lesmes, han considerado que no hay razones para dudar de la imparcialidad de los magistrados que juzgarán en los próximos meses a la cúpula del "procés".

Esta Sala, cuyo nombre proviene del artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que recoge su creación, está formada por Lesmes, los presidentes de las cinco salas del alto tribunal y por el magistrado más antiguo y más moderno de cada una de ellas. Sin embargo, solo trece de ellos han formado parte de la deliberación.

Ninguno de la Sala de lo Penal ha estado presente, dado que dos de los que la integran estaban recusados (Manuel Marchena, presidente de dicha Sala y de la que enjuiciará los hechos, y Andrés Martínez), y el tercero, Vicente Magro, fue el instructor de los expedientes.

Los trece han seguido el criterio de la Fiscalía, que se opuso a apartar a los cinco jueces e incluso reprochó a los procesados que acudiesen a "este artificioso cauce" para "conseguir un tribunal a la carta" y retrasar la celebración del juicio.

En su escrito, el fiscal Jaime Moreno fue especialmente severo con Puigdemont y los otros dos exconsellers declarados en rebeldía al considerar "un sarcasmo" que acudiesen al mecanismo jurídico de la recusación cuando se encuentran huidos de la Justicia.

"Es completamente absurdo que recusen a un tribunal que no va a juzgarles por hallarse en rebeldía y a cuya jurisdicción se han sustraído eludiendo la acción de la Justicia", precisó el fiscal.

Los once procesados, ocho de ellos en prisión preventiva, que pretendían apartar a los jueces alegaron una supuesta falta de imparcialidad para juzgar los hechos.

Algunos cuestionaron su proximidad con el instructor de la causa, Pablo Llarena, mientras que otros, incluido el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, adujeron que los "valores, creencias e ideología" de los cinco jueces podrían entrar en "colisión" con algunos procesados.

Otro de los motivos fue que cuatro de los jueces admitieron a trámite la querella que inició el procedimiento, presentada por la Fiscalía en octubre de 2017, o que tres de ellos juzgaron al exconseller de Presidencia Francesc Homs por desobediencia grave al Tribunal Constitucional en la consulta del 9N.

Unos argumentos que no han servido para cambiar el tribunal que juzgará en los próximos meses a 18 de los 25 procesados (los otros se encuentran fugados).

Tras esta decisión de la Sala del 61, se abre un período en el que estos cinco jueces deberán seguir con los trámites necesarios que desemboquen en la apertura de juicio oral, ya que hasta ahora no habían podido pronunciarse sobre la causa a la espera de saber sobre sus recusaciones.