No se premia la deslealtad

Pedro Sánchez se queda solo con su propuesta de que se celebre un referéndum sobre el autogobierno en Cataluña.

Elsa Artadi y Josep Costa durante la rueda de prensa ofrecida este lunes en el Parlament.
Elsa Artadi y Josep Costa durante la rueda de prensa ofrecida este lunes en el Parlament.
Efe/Alejandro García

Pedro Sánchez propone celebrar en Cataluña un referéndum sobre un nuevo Estatuto de autonomía para salir del atolladero que han generado los secesionistas. En su quimérica estrategia de apaciguamiento, el presidente del Gobierno olvida que su obligación es asegurar la igualdad entre los ciudadanos de este país y eso es imposible si entrega más competencias a unos dirigentes políticos que se caracterizan por una profunda deslealtad con el Estado

Al mismo tiempo que Torra amenazaba con una «movilización permanente» en el caso de que haya sentencias condenatorias por el 1-O, Sánchez le ofrecía ayer votar un nuevo estatuto. Asume así una propuesta clásica del PSC, que ya en tiempos de Rodríguez Zapatero fue uno de los gérmenes del desaguisado actual. El inquilino de la Moncloa asegura que no habrá urnas ni para votar la autodeterminación ni la independencia. Pero sí está dispuesto a dar más competencias, que no harán sino seguir alimentando el separatismo que late en un sector de la sociedad catalana. Sánchez no debe ‘premiar’ a los secesionistas con más competencias que se sitúan fuera de la Constitución, sino que debe mejorar la coordinación con el Estado para que la Generalitat pueda ejercer con plenitud las que ya tiene.

La propuesta es tan inconsistente que solo ha sido apoyada por el PSC y Podemos. Pero es que, además, Pedro Sánchez no está obligado a buscar una solución acordada con la Generalitat si ésta sigue con su estrategia de confrontación. Nunca hay que ceder al chantaje de los separatistas. Es necesario que los catalanes de una y otra opinión encuentren juntos una salida para lograr la normalización de la situación institucional en la Comunidad. Si los independentistas se autoexcluyen, el Ejecutivo está para garantizar el imperio de la ley y la convivencia pacífica en nombre de la democracia establecida por la Constitución de 1978.