La familia Franco acude al Defensor del Pueblo para recurrir la exhumación

Defienden que el decreto ley no se justifica por su "urgente necesidad" y que el enterramiento de su abuelo ha sido "consentido" 43 años.

Franco está enterrado en el Valle de los Caídos desde hace 43 años, en una tumba pública de la que la familia carece de título.
La familia Franco acude al Defensor del Pueblo para recurrir la exhumación
Reuters

Los siete nietos del dictador Francisco Franco han presentado un escrito ante el Defensor del Pueblo en el que le instan a recurrir ante el Tribunal Constitucional el decreto ley aprobado por el Gobierno que inicia el proceso de exhumación de los restos de su abuelo enterrados en el Valle de los Caídos.

El escrito al Defensor del Pueblo, competente para acudir a la corte de garantías, lo interpone el abogado Felipe Utrera Molina, hijo del ministro franquista, en representación de María del Carmen, Mariola, Francisco, Mar, Cristóbal, María Aránzazu y Jaime.

La familia Franco reitera en el escrito que la exhumación de los restos es "en contra de la voluntad de sus descendientes" y rechaza la forma elegida por el Gobierno, un decreto ley, que, asegura, "sólo cabe dictar" en los casos de "extraordinaria y urgente necesidad". Algo que "no se puede entender en modo alguno que concurra en el presente caso, al no tratarse de una situación que haya surgido de nuevas y que requiera de una regulación legal inmediata", señala el escrito, que recuerda que Franco está enterrado en el Valle desde hace 43 años.

Se trata, por el contrario, de "una situación perfectamente estable y consentida de forma pacífica durante décadas y que no está afectada por ninguna circunstancia que exija una inmediata actuación". Considera que el real decreto ley vulnera el artículo 86.1 de la Constitución.

Los nietos agregan que la "extralimitación" del Ejecutivo "que supone aprobar por decreto ley lo que debería ser objeto de tramitación parlamentaria plena, no sólo afecta a los intereses particulares", sino "al interés general de todos los ciudadanos, que tienen derecho a que sus representantes políticos en el Parlamento participen en la elaboración de las normas legales". El PP ya anunció que presentará un recurso ante el Constitucional contra el decreto ley por los mismos motivos, al no considerar que se trate de un asunto urgente.

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