La laboriosa técnica de la Guardia Civil para saber si un animal ha sido envenenado

En 20 años han muerto en España 18.500 animales por el uso ilegal de veneno.

¿Deberían poder bañarse los perros en las playas?
¿Deberían poder bañarse los perros en las playas?

Un estudio de organizaciones ecologistas revelaba que en 20 años habían muerto en España 18.500 animales por el uso ilegal de veneno, una práctica que sigue aumentado, como comprueba el laboratorio de Medio Ambiente de la Guardia Civil, que hasta agosto ya ha analizado 40 casos, la misma cifra que en todo 2017.

Su principal cliente es el Seprona del instituto armado. Hasta este laboratorio del Servicio de Criminalística lleva las muestras recogidas en sus pesquisas para que su análisis apuntale la investigación y determine si hay restos de algún veneno, pero también llegan las recogidas por los ciudadanos o por cualquier unidad del cuerpo.

El capitán Antonio Casado y la guardia Mercedes explican cómo trabaja el área de cromatografía, en la que a través de un conjunto de técnicas, se consigue determinar los compuestos orgánicos de una muestra. Pero en este laboratorio lo que interesa son los tóxicos: venenos para ratas (rodenticidas), fitosanitarios, disolventes, toluenos, herbicidas, etc...

Porque, como comprueban día a día estos especialistas de la Guardia Civil, se utiliza lo que se tenga más a mano y se adquiere sin ningún tipo de problema. Incluso, herbicidas o pesticidas que ya han sido prohibidos por la Unión Europea.

Aunque este laboratorio se encarga de diversidad de casos, pone más el foco en los cebos envenenados, utilizados por agricultores, ganaderos, cazadores e, incluso, por vecinos de ciudades a los que molestan las palomas o los perros en el parque, por ejemplo.

Con o sin intención, lo cierto es que el veneno ha acabado con la vida de ejemplares de especies en extinción o protegidas, como buitres leonados, milanos, quebrantahuesos, lobos... pero también con un sinfín de mascotas domésticas, sobre todo perros y gatos.

Tanto preocupa el uso de venenos, que el Seprona desarrolla de forma periódica la operación Antitox, que en su edición del año pasado se saldó con 16 detenidos e investigados por esa utilización para la caza, tras 269 actuaciones de los agentes en espacios naturales de 24 provincias.

El capitán y la agente explican que existen dos tipos de veneno: los carbomatos (como el aldicarb, prohibidos desde 2003) y los más usados (han sido detectados en el 65 por ciento de los casos analizados en el laboratorio este año) y el carbofurano (no permitido desde 2007).

De todos modos, estos expertos han visto de todo. Así, recuerdan el caso de alguien que enrolló sobrasada en sosa para acabar con la vida de una mascota. La sosa corre por la garganta y el animal se desangra.

Y hay quien ha puesto alfileres en la salchicha o trocitos de hoja de adelfa (altamente tóxica) en el pan o veneno en los panales de las abejas.

Los móviles son también variados: desde el cazador que quiere acabar con los depredadores de sus presas, hasta el ganadero que pretende proteger a su ganado de los lobos o el ciudadano que no soporta al animal de su vecino.

Según el capitán y la guardia, entre el 80 y el 85% de los casos de cebos envenenados que analizan, da positivo.

Desde todas las comunidades autónomas -menos Cataluña y País Vasco por contar con competencias propias- les llegan muestras (llama la atención Baleares), ya que el de la Guardia Civil es el único laboratorio policial de Medio Ambiente.

Químicos, licenciados en Ciencias Ambientales, veterinarios, biólogos y técnicos forestales forman parte del equipo de este laboratorio, que ha analizado casos como la mortandad masiva de perros en Aragón en 2013 con pienso adulterado o el de la protectora de Torremolinos (Málaga), que supuestamente sacrificó un 250 por ciento más de animales de lo permitido con un producto eutanásico.

El proceso en el laboratorio comienza con la recepción de las muestras -trozos de carne, de víscera, tierra...-, que se introducen debidamente envasadas en una nevera a 2,5 grados, una temperatura que se controla de forma periódica. Para algunas muestras, lo más conveniente es la congelación.

Ya cuando se va a trabajar con una de ellas, los especialistas preparan la muestra y la tratan con reactivos o disolventes para extraer los compuestos. En esta fase la que requiere más tiempo.

Una vez preparado, la muestra es analizada por el cromatógrafo de gases y líquidos, capaz de separar los compuestos de una mezcla, pero el detector de masas o espectrómetro el que finalmente identifique el veneno, con una fiabilidad nunca inferior al 85 por ciento.

Son aparatos muy caros, como se puede comprobar en un repaso al mercado, con precios que oscilan entre los 150.000 a 400.000 euros. Pero son muy efectivos. Tanto, que el resultado del análisis ha sido muchas veces fundamental para culminar una investigación.

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