Si hubiera sido Rajoy quien expulsase a más de cien inmigrantes nada más entrar en Ceuta, el escándalo que hubieran levantado algunas fuerzas políticas habría hecho temblar hasta a los leones del Congreso. Y, sin duda, Pedro Sánchez echaría su cuarto a espadas en las críticas a una medida que sería calificada como inhumana. No digamos nada si un gobierno del PP hubiese arrestado a otros diez inmigrantes y presentado cargos contra ellos por presuntos delitos cometidos en el asalto a la frontera. A estas alturas se estaría hundiendo el mundo. Sin embargo, es el Gobierno de Pedro Sánchez quien ha tomado esas decisiones. Seguramente, porque ambas cosas eran necesarias para evitar que las vallas de Ceuta y de Melilla se conviertan en un coladero. Ayer, la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, reconoció en la comisión correspondiente del Congreso que una política de puertas abiertas para la inmigración sería «inviable de gestionar». Tener que gobernar aporta -a veces- una bienvenida dosis de realismo. El reto, para España y para toda Europa, está en acertar a encauzar unos flujos que no se detendrán.