La transformación del modelo energético en España hacia la descarbonización significará inversiones de entre 70.000 y 80.000 millones de euros hasta 2030, requerirá de muchas complicidades y será una oportunidad para la creación de empleo verde.

Lo ha explicado la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, en una entrevista con Efe en la que ha detallado que "desde 2006 sabemos que hay que acometer reformas importantes en el sector del carbón", y desde el 2010-2012 la Unión Europea (UE) dotó de un marco de acompañamiento para el cierre de esta explotaciones a más tardar en 2018.

La Comisión Europea espera que la contribución que haga España sea como mínimo del promedio de los objetivos de la revisión de la directiva europea sobre renovables en junio pasado.

Esta forma parte del llamando "paquete de invierno" para cumplir con el Acuerdo de París: alcanzar el 40 % de reducción de emisiones de efecto invernadero, el 32 % de renovables y el 32,5 % de eficiencia energética.

El objetivo es llegar a la descarbonización completa de la economía o equivalente, y el 90 % de emisiones en 2050, cuestiones que "serán posibles con señales regulatorias y calendarios técnicos de sustitución".

La ministra ha señalado que es evidente que en este camino Red Eléctrica se convierte en un "brazo ejecutor de muchas cuestiones", que tiene muchos desafíos en cuanto a digitalización, conexión, conectividad de grandes redes de transporte con microredes o sistemas de generación distribuida.

Otro de los grandes retos es la adaptación energética del parque de edificación y cita como ejemplo el caso holandés, cuyo gobierno ha dado un plazo hasta 2030 para eliminar el suministro de gas de todo el parque construido.

Se trata de algo que aquí jamás se había pensado y que requiere de una serie de nuevas habilidades profesionales para los empleos verdes que obligaría a un cambio de modelo de formación profesional, cualificación y diseño de negocios.

Ribera ha indicado que la ley de Cambio Climático se presentará en septiembre y ha citado como progresos interesantes la Ley catalana sobre la materia, el proyecto de ley de Baleares y en las que trabajan otras comunidades autónomas, además de la propuesta de Podemos.