Lejana normalización

El hecho de que la comisión bilateral Estado-Generalitat de Cataluña, organismo previsto en el Estatuto de autonomía, se haya reunido es un signo positivo tras de la intentona para dinamitar el orden estatutario. Pero no hay que engañarse, a tenor de las actitudes del Gobierno de Torra y de su dependencia de Puigdemont, la normalización política está todavía lejana y el Ejecutivo de Sánchez debe mantenerse firme en la defensa de los principios constitucionales.

Los problemas para fijar el orden del día evidenciaban los puntos de vista diametralmente opuestos de ambas partes. El Gobierno central quería hablar de inversiones y servicios públicos y conseguir el regreso de la Generalitat a los órganos multilaterales del Estado autonómico. Pero al ‘Govern’ independentista de Torra solo le interesaban la libertad de los presos y el pretendido referéndum de autodeterminación. Así las cosas, era obvio que la reunión concluiría sin acuerdos, como así ha sido, aunque el hecho de que la Generalitat acepte ir poniendo en marcha los mecanismos institucionales de relación con el Estado es positivo, pues supone un regreso de hecho al marco legal del Estatuto de autonomía, el mismo que Puigdemont intentó dinamitar con su intentona secesionista.

Pedro Sánchez y su ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, han apostado por el deshielo y por la normalización de relaciones. Una apuesta que encierra riesgos, pues el ‘Govern’ mantiene sus pretensiones anticonstitucionales y continúa empleando una retórica agresivamente antiespañola, que incluye inadmisibles desplantes al Jefe del Estado. Sánchez y Batet han pasado por alto todos esos síntomas inquietantes en aras de abrir una etapa de diálogo con la esperanza de avanzar en la normalización política. Tienen que ser conscientes, sin embargo, de que la normalización solo puede basarse en la lealtad de todos a la Constitución; y hoy por hoy, en la Generalitat esa lealtad sigue brillando por su ausencia.