La euroorden y la integración europea
Al margen de comentarios e interpretaciones interesados, la decisión del tribunal alemán de Schleswig-Holstein de extraditar a Carles Puigdemont a España tan solo por el cargo de malversación es, sobre todo y ante todo, un atentado contra el Espacio de Seguridad, Libertad y Justicia de la Unión Europea reconocido en el artículo 3 del Tratado de Lisboa y en el título V del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Y por extensión también vulnera la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.
La orden europea de arresto o euroorden, aprobada en 2002, constituye uno de los pilares del Espacio de Seguridad, Libertad y Justicia de la UE. La llamada euroorden es Derecho europeo legislado y plenamente vinculante para los Estados miembros y tiene su base en la confianza recíproca y en el reconocimiento mutuo. Es la herramienta del respeto debido dentro del Espacio de Seguridad, Libertad y Justicia por parte de los jueces europeos a los requerimientos de cooperación judicial de otros jueces enclavados en otros Estados miembros. Y todo ello, para evitar la impunidad de personas huidas, superar la complejidad y la dilación de los procedimientos judiciales y soslayar las interferencias políticas de una extradición.
La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha avalado esta primacía de la euroorden frente a resoluciones judiciales nacionales (incluidas las de un tribunal constitucional), y la obligación de la entrega inmediata sin entrar a considerar el fondo del asunto en sentencias famosas, como las de los casos Melloni, Piotrowski y Grundza.
Todo esto ha quebrado en la resolución tomada por el tribunal alemán de Schleswig-Holstein que ha ignorado el conjunto de lo anteriormente expuesto. Aun así, pese a lo que se piensa, es cierto que en los últimos años solamente se ejecutan un tercio de las euroórdenes emitidas, y pudiera ser que el caso Puigdemont, independientemente de la relevancia que para España tiene, sea un caso más de los dos tercios que no se ejecutan.
Ante este escenario, es obvio que la euroorden no está funcionando como estaba previsto y como se deseaba. Es necesario buscar una mejora en su aplicación. Posiblemente, las 32 categorías de delitos recogidos en la euroorden en los que no se comprueba que el acto es delito en ambos países y en los que la euroorden se considera de aplicación inmediata no sean suficiente. Una hipotética solución vendría si se produjera una homologación de los tipos delictivos de los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros.
Por otro lado, el defecto de funcionamiento del Espacio de Seguridad, Libertad y Justicia evidenciado en el caso Puigdemont quizás represente una arista más de la ola euroescéptica o eurófoba que recorre últimamente el Viejo Continente. Tal vez este caso surja como una manifestación más de lo que, en otros ámbitos, se vive en Polonia, Hungría o la propia Italia. Bien es sabido que algunos quieren que el proyecto supranacional con vocación federal que es la UE se quede en una mera organización intergubernamental a la antigua usanza.
Si se quiere paliar ese mal funcionamiento de la UE, o los intentos de destruir el sueño europeo, se tiene que volver a las recetas de los padres fundadores. Ellos venían de una situación en la que todo estaba por hacer y en la que el trabajo era titánico. Pero conocían muy bien las grietas por las que siempre se ha roto Europa. Por ello, aplicaron la política de los pequeños pasos y la consigna de que la construcción europea siempre recupera empuje en las épocas de crisis. Así, la sentencia del tribunal alemán de Schleswig-Holstein, más que como un obstáculo, tenemos que considerarla como un acicate para mejorar lo que, entre todos, queremos que sea ese gran continente que se llama Europa.
Juan Antonio Falcón Blasco es miembro del Consejo Aragonés del Movimiento Europeo
