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Opinión

¿Solo malversación?

Pese a que podría ser extraditado por el delito de malversación y no por el de rebelión, Puigdemont tiene por delante un duro horizonte penal, mucho más duro de lo que algunos quieren creer.

Víctor M. Serrano Entío 13/07/2018 a las 05:00
Puigdemont tiene por delante un duro horizonte penalkrisis'18

La decisión de un tribunal alemán de extraditar a Carles Puigdemont a España por malversación está siendo percibida por la opinión como un éxito del prófugo, y se pone mucho el acento –casi en exclusiva– en que será juzgado ‘solo’ por el delito de malversación y no por el de rebelión. Es cierto que el delito de rebelión es el más grave de las acusaciones que pesan sobre él, pero Puigdemont tiene por delante un duro horizonte penal, desde luego mucho más duro de lo que algunos quieren creer. Salvada sea la presunción de inocencia a la que todo procesado tiene derecho, el hecho de ser juzgado ‘solo’ por malversación de caudales o efectos públicos no le augura un brillante porvenir, tal y como se deduce de la lectura de su auto de procesamiento.

La decisión del tribunal alemán puede causar tanto desasosiego político como se quiera y desde la crítica jurídica podemos discrepar o coincidir en su decisión tanto como de la decisión de cualquier otro tribunal español. No hace falta irse hasta Alemania para criticar una decisión judicial que pueda parecer injusta ni para que los juristas no nos pongamos de acuerdo acerca de la calificación legal de unos hechos. Prefiero subrayar que la Audiencia alemana rechaza los argumentos de la defensa de Puigdemont que pedía no extraditarle porque es un perseguido político sin garantías de un juicio justo. Nadie en Europa ni en el mundo les compra a los independentistas catalanes la falacia de que España no es un Estado de Derecho de primer nivel con plenas garantías democráticas.

El delito por el que va a ser juzgado es un delito muy grave que acarrea penas gravísimas. El magistrado de la sala segunda del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, en su auto de procesamiento, procesa por malversación a Puigdemont (artículo 432 y ss. del Código Penal). El artículo 432 contempla en el apartado primero la administración desleal de fondos públicos, con perjuicio para el patrimonio público, y en el apartado tercero se prevé un supuesto agravado que es aplicable en todos los casos de causación de un perjuicio al patrimonio público superior a 50.000 euros, que prevé una agravación que permite alcanzar penas de hasta doce años de prisión, en los casos de especial gravedad, concretamente cuando el perjuicio causado o de los bienes o efectos sustraídos excede de 250.000 euros.

Por hacernos una ligera idea de la cuantía de lo malversado, la querella que la Fiscalía de Cataluña presentó el pasado mes de septiembre ante el Tribunal Superior de Cataluña y que acaba en el Supremo habla de "despojo de fondos públicos". El Supremo tiene abierta una pieza separada que trata de determinar el importe de lo defraudado. En el escrito enviado a Alemania el juez consideró la cifra ya probada en, al menos, 1,6 millones de euros, si bien la cuantía será mucho mayor. No cabe en los encausados alegar desconocimiento cuando el Tribunal Constitucional ya había declarado en 2017 inconstitucionales las partidas presupuestarias que había incluido el Govern en sus presupuestos para el referéndum.

Cuestión distinta será evaluar si el Código Penal español no merece una reforma seria para tratar de iluminar las zonas de sombra que se producen ante el insólito hecho de que sean los miembros de un Gobierno autonómico y de su Administración los que toman al asalto las instituciones para arrojar su poder, sus recursos y sus fondos contra el Estado de Derecho. Tan insólito que al menos merece una seria reflexión, ya que por mucho que nos guste recordar eso de que Capone no cayó por sus asesinatos pero sí por no declarar sus impuestos, no deja de ser una grave anomalía judicial que Capone no cayera por sus crímenes.

Víctor M. Serrano Entío. Abogado





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