El juez de Instrucción 29 de Madrid ha acordado eliminar los delitos de trata de mujeres y blanqueo en la causa abierta conta Ignacio Allende (Portugalete, 1969), más conocido como Torbe, pero mantiene los de distribución y posesión de pornografía infantil y revelación de secretos. El magistrado que investiga al considerado como 'rey del porno español', detenido en abril de 2016, ha pedido a las partes personadas que emitan sus escritos de calificación antes de abrir juicio oral contra el acusado.

En un escrito, el juez Domínguez -que mantuvo a Torbe siete meses en prisión y le dejó en libertad tras pagar 100.000 euros de fianza- atribuye al acusado la distribución de la pornografía infantil hallada en la carpeta de su ordenador y también la transmisión, en 2015, de una grabación en internet en la que supuestamente mantiene relaciones con una menor.

Por el contrario, el instructor ha decidido eliminar el delito de trata de seres humanos. Torbe fue investigado por traer desde Ucrania a Madrid entre octubre de 2015 y abril de 2016 a una treintena de jóvenes para grabar escenas de sexo en grupo en el que intervienen varias decenas de actores masculinos frente a una o dos chicas, que son humilladas sexualmente.

Según publica 'El País', la fiscal María Jesús Rodríguez Zarauz pidió al juez instructor que eliminara el delito de trata de blancas porque, en contra de lo que expuso la Policía tras las primeras pesquisas, "no ha quedado acreditado" que Torbe o su entorno "utilizasen violencia o intimidación" para traer mujeres a España. La Policía señaló que estas mujeres fueron traídas "privándolas de libertad" y que se las coaccionó "para hacer películas porno" sin contrato de trabajo y por precios muy bajos.

"Nada de esto ha quedado probado", sostiene la fiscal, que añade: "Las jóvenes ucranianas vinieron sabiendo a lo que venían y conociendo el objeto del viaje, y ello se infiere de los contratos aportados de cesión de derechos de imagen firmados por las chicas y la productora denominada Perroflauta Producciones, S. L., cuyo representante legal es Ignacio Allende, Torbe". Y, además, "cobraron por las grabaciones unas cantidades nada despreciables, en todo caso muy superiores a lo que cobraban actrices españolas, quienes por cada 'bukkake' (un tipo de práctica sexual) percibían 300 euros, mientras que las ucranianas recibieron cantidades de entre 1.300 y 1.700 euros por cada grabación, sextuplicando lo cobrado por las españolas y latinas". Sin embargo, la fiscal sí ve indicios de criminalidad en Allende por distribución y posesión de pornografía infantil y descubrimiento y revelación de secretos.