Al margen de las actuales turbulencias políticas en España, parece que la situación de coyuntura económica mejora y nos encontramos en fase de crecimiento y ajuste del límite del déficit público. Pues bien, este crecimiento económico exige una mayor sensibilidad social para corregir la ruptura producida con la crisis en la calidad de importantes políticas públicas relativas a la sostenibilidad social, la calidad del empleo, la lucha contra la pobreza energética o la equidad del modelo sanitario (entre otras). El modelo social de nuestra Constitución no es de elección, sino que exige su máxima extensión en tanto las condiciones socioeconómicas y presupuestarias lo permitan. Solo así puede hablarse de verdadera justicia social, que forma parte del artículo 1 de nuestra Carta Magna y que se incardina dentro de los fines del artículo 9.2. Basta recordar cómo, ya en 1944, la importante Declaración de Filadelfia (actual Carta de la Organización Internacional del Trabajo) declaró que un país no puede ser sostenible sin justicia social.

Por ello, parece conveniente reorientar tanto el marco normativo como de la actuación económica (pública o privada) a este nuevo escenario, para poner en valor como mejor solución ‘value for money’ la que integra esta nueva visión. Escenario que debe liderar la Administración pública pues a ella le corresponde actuar para garantizar un principio tan fundamental como el de la igualdad material. Por ello, urge abandonar la tentación de mantener las inercias de hacer lo mismo y adoptar una actitud institucional proactiva, abierta a los nuevos cambios que exige la sociedad, claramente identificada con la idea de que hay que adoptar modelos de eficiencia social en todos los ámbitos socioeconómicos. De hecho, en el Eurobarómetro Especial 363, se indica que los españoles son líderes en considerar como necesaria la inclusión de aspectos sociales, ambientales o de consolidación de pymes en las decisiones públicas.

Y para ello tenemos como marco de referencia la importante Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, aprobada por Naciones Unidas en 2015 (en vigor desde el 1 de enero de 2016), que contempla 17 Objetivos con 169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas económica, social y ambiental (son un estrategia de futuro sumamente ambiciosa y transformativa). Agenda que se propone, entre otros objetivos, el de un crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible como algo esencial para lograr la prosperidad. Asimismo la Agenda aborda los factores que generan violencia, inseguridad e injusticias, como las desigualdades, la corrupción, la mala gobernanza y las corrientes ilícitas de recursos financieros y armas.

Es tiempo de rearmar un modelo de crecimiento sostenible, que integre lo social, ambiental y la equidad como señas de identidad del modelo económico para conseguir un adecuado reequilibrio de riqueza y de derechos y deberes, para avanzar en una sociedad realmente inclusiva. Lo que exige, además de la necesaria convicción, planificación, una verdadera estrategia de objetivos realizables a medio y largo plazo (frente a la improvisación) y una visión no meramente numérica e insensible sobre los resultados. Como bien advirtió la abogado general Juliane Kokott en un procedimiento judicial en la Unión Europea, «aunque el sabor del azúcar, en sentido estricto, no es diferente en función de si ha sido adquirido de forma justa o injusta, un producto que ha llegado al mercado en condiciones injustas deja un regusto más amargo en el paladar de los clientes conscientes de la responsabilidad social». Educar el paladar de instituciones públicas y privadas y de los ciudadanos para que pongan en valor la sostenibilidad social, es el gran reto para poder consolidar un Estado de derecho que puede enarbolar como principal bandera la de la justicia social, que, como recuerda Naciones Unidas, es el núcleo de nuestra misión global para promover el desarrollo y la dignidad humana.

José María Gimeno Feliu es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza