Sergi Alsina, empresario del caso ITV y amigo de Oriol Pujol acepta dos años de cárcel

El condenado está acusado de defraudar más de 890.000 euros a Hacienda por la venta de la planta de Sony en Cataluña.

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Efe

El empresario del caso ITV Sergi Alsina, que presuntamente pagó comisiones ilegales al exdiputado de CiU y amigo íntimo Oriol Pujol para favorecer sus negocios, ha pactado una pena de dos años de cárcel por defraudar más de 890.000 euros a Hacienda por la venta de la planta de Sony en Cataluña.

En el juzgado de lo penal número 18 de Barcelona, ha quedado este viernes visto para sentencia el primer caso de la presunta trama corrupta de las ITV, una de las derivadas de la causa de supuesto pago de comisiones ilegales y tráfico de influencias que próximamente sentará en el banquillo al hijo del expresidente catalán Jordi Pujol y exdirigente de CDC.

En la sesión, la Fiscalía ha formalizado un acuerdo con Sergi Alsina, con quien ha pactado una rebaja de la pena inicialmente solicitada, de siete años y medio de cárcel, a una condena mínima de dos años de prisión y una multa de 665.000 euros a cambio de reconocer los hechos que se le imputan y devolver a la Agencia Tributaria los más de 890.000 euros defraudados, cantidad que el acusado ya ha abonado.

En su declaración de este lunes, Alsina reconoció ante la juez que cobró los beneficios por la venta de Sony a través de una sociedad sin actividad real porque "pensaba que así podría minimizar el coste fiscal de esos ingresos".

El acuerdo también ha afectado a la esposa de Alsina, que ha quedado exculpada al retirarse la acusación contra ella.

El primer juicio del caso ITV, que este viernes ha quedado visto para sentencia, se ha dirigido contra seis empresarios acusados de haber ocultado a Hacienda los beneficios obtenidos en la operación de venta de la planta de Sony en Viladecavalls (Barcelona) a la empresa Ficosa, en la que varios de ellos mediaron, en enero de 2011.

Entre los seis acusados figuran Sergi Alsina y Sergi Pastor, dos empresarios que están a la espera de ser juzgados por un tribunal popular, junto a Oriol Pujol, por formar parte de una trama en la que supuestamente el exdiputado de CiU cobró comisiones ilegales a través de su esposa por utilizar su influencia política para beneficiar varias operaciones empresariales, una de ellas para la creación de un parque de automóviles próximo a Seat.

En el juicio, que se ha prolongado toda semana, también se ha sentado en el banquillo la esposa de Pastor, el expresidente de Sony en España Pedro Navarrete, la mujer de éste, y el abogado Tomás Fornesa.

Según la Fiscalía, Navarrete, a instancias de su amigo íntimo Sergi Pastor, contrató en enero de 2011 a Sergi Alsina como asesor para vender la planta de Sony a Ficosa, a cambio de repartirse la remuneración que recibiera de la parte compradora.

Tras culminar con éxito la operación, añade el ministerio público, Ficosa pagó 2 millones de euros a la empresa de Sergi Alsina por sus labores de mediación y asesoramiento, de los que éste entregó 1,1 millones a Sergio Pastor y otros 554.000 euros a Navarrete.

Los imputados, según el ministerio público, vehicularon esas ganancias a través de empresas instrumentales de actividad inexistente que compartían con sus esposas, con lo que tributaron por el impuesto de sociedades y no por el IRPF, mucho más gravoso.

El fiscal, en sus conclusiones definitivas, ha mantenido las penas que solicitaba para los otros cuatro acusados, que van del año y medio de prisión a los cinco años y seis meses, por delitos fiscales y de falsedad documental.

Por la trama principal del caso ITV, Oriol Pujol aceptó en julio del año pasado una condena de dos años y medio de cárcel en un acuerdo con la Fiscalía en el que reconocía haber cobrado comisiones de empresarios afines, aunque Sergi Alsina -con la causa paralela por el fraude fiscal de Sony pendiente- se desmarcó del pacto y lo recurrió.

Finalmente, la magistrada presidenta del jurado popular que debe juzgar el caso ITV decidió rechazar el pacto de Oriol Pujol con el ministerio público, al tratarse de un acuerdo parcial no firmado por todos los imputados, y envió al exdiputado de CiU a juicio.

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