El Gobierno de Pedro Sánchez recuperará la sanidad universal para los "sin papeles'
La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, lo ha anunciado tras la rueda de prensa del Consejo de Ministros.
El real decreto con el que el Gobierno de Pedro Sánchez quiere revocar la reforma sanitaria llevada a cabo en 2012 por el PP, que dejó sin tarjeta sanitaria a unos 800.000 inmigrantes en situación irregular, pretende recuperar la "universalidad" de la Sanidad.
El anuncio hecho este viernes por la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, es una de las medidas sociales que el PSOE venía reclamando desde que el Gobierno de Mariano Rajoy, con Ana Mato como ministra de Sanidad, aprobara el real decreto 16/2012 de reforma sanitaria que entró en vigor en septiembre de ese año.
Desde entonces, los inmigrantes en situación irregular perdieron su derecho a la atención primara en el Sistema Nacional de Salud (SNS), aunque estaba garantizada su asistencia en los servicios de urgencias, así como para los menores y las embarazadas.
Con esta medida, el Gobierno del PP pretendía ahorrar al Sistema Nacional de Salud (SNS) más de 7.000 millones de euros en gasto sanitario, con el objetivo de garantizar la "sostenibilidad" y "universalidad" de la Sanidad pública y, al mismo tiempo, poner fin a los "abusos" en sus prestaciones.
Entre las medidas que también contempla el real decreto aún vigente destaca el "copago" de los medicamentos en función de la renta de los ciudadanos, incluidos, por primera vez, los pensionistas.
Otro de los objetivos del Gobierno entones era sentar las bases para establecer una cartera de servicios común que eliminase las diferencias entre las prestaciones que reciben los españoles en cada comunidad autónoma.
Tres años después de la aprobación de esta reforma, el sucesor de Mato al frente del Ministerio de Sanidad, Alfonso Alonso, anunció que los inmigrantes en situación irregular volverían a tener derecho a la atención primara en el SNS, aunque sin recuperar la tarjeta sanitaria.
No obstante, este medida nunca se llevó a la práctica aunque varias comunidades aprobaron distintas fórmulas para atender a ese colectivo, que fueron recurridas ante el Tribunal Constitucional (TC), que dio la razón al Gobierno al considerar que eran contrarias a la ley.
La reforma sanitaria del PP ha sido fuertemente contestada por ONG, sociedades médicas y partidos de la oposición que han pedido reiteradamente su derogación.
