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Opinión

Generalizaciones injustas

El comportamiento de unos individuos indecentes en el PP no debe ensombrecer la labor honesta y generosa de miles de personas que dedican su vida a construir un proyecto de España y a defender unas ideas de democracia, libertad y tolerancia.

Manuel Jiménez Larraz 13/06/2018 a las 05:00
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Mariano Rajoy, expresidente del GobiernoEfe

La conducta política de los españoles afortunadamente no es homogénea. Generalizar es, por tanto, una soberana estupidez que a menudo aceptamos con demasiada naturalidad. Todos –y empiezo a generalizar– nos abrazamos en ocasiones a la comodidad de despreciar ese rigor sobre el que se sustenta la honestidad intelectual para no trastocar nuestro infalible relato e ideológico. Como si nada pudiera estar nunca encima de él, como si lo que pensamos, sentimos o soñamos tuviera que mantenerse siempre supeditado al discurso que creemos que debemos defender.

España es un país profundamente ideologizado, viviendo sobre los rescoldos humeantes de una historia complicada que nos sentimos obligados a no traicionar. Repletos como estamos de certezas, forjadas a fuego mediante frustraciones, fábulas y leyendas, nos olvidamos de ofrecerle a la razón el lugar que le debería corresponder en el debate colectivo.

En demasiadas ocasiones ajustamos disciplinadamente nuestras ideas a lo que marcan los partidos que nos representan en únicamente algunas de ellas. Todo es justificable cuando lo hacen los que creemos que nos representan. Nada lo es, por el contrario, cuando lo hacen los que no. Esta actitud polariza nuestra sociedad, dificulta la existencia de un espacio público sosegado y deteriora gravemente ese marco ético común e infranqueable que es indispensable en cualquier democracia.

La corrupción tampoco es ajena a esta dinámica. Los partidos y sus ideologizados censuran sin miramientos la de enfrente mientras reaccionan tarde a la que afecta a su entorno. Una parte importante de ciudadanos, sin embargo, conscientes de sus consecuencias, rechazan ya respuestas partidarias. La corrupción hay que afrontarla con enorme decisión dados los efectos perniciosos que tiene sobre nuestro sistema democrático. Estas conductas no solo entrañan una repugnante exacción de recursos públicos para enriquecer a unas elites –de izquierdas o de derechas– en detrimento de los demás, no solo cercena el funcionamiento de nuestra economía de mercado. Cuando no se actúa convenientemente, la corrupción además erosiona nuestras instituciones y los partidos que la sufren, desprestigia el ejercicio de la política repeliendo a personas que temen que su reputación personal y profesional se esfume y les complique una vida civil posterior y arroja a muchos ciudadanos hacia opciones políticas nuevas que, sin embargo, pueden esconder ideas radicales o carecer de la solidez necesaria. La corrupción afecta, por tanto, de manera profunda a la estabilidad de nuestro sistema.

Quienes incurren en conductas corruptas, cuando están acreditadas, deben responder política y penalmente. Lo antes posible. Y, en ocasiones, una mala gestión de sus efectos, exige asumir responsabilidades políticas por comportamientos ajenos por parte de líderes indiscutiblemente honrados y políticamente intachables, que pueden resultar injustas desde una perspectiva personal, pero que son necesarias para evitar la erosión de partidos, de instituciones y de nuestro sistema.

No obstante, creo que también es importante señalar a esos ideologizados proclives a la necia generalización. A aquellos que inspiraron a Max Weber cuando escribía que los políticos «pertenecen a una especie de casta paria que la sociedad siempre juzga de acuerdo con el comportamiento de sus miembros moralmente peores». A los que utilizan la corrupción, que no es privativa de nadie, como pretexto para –más allá de la legítima moción de censura del PSOE– arrinconar unas ideas que siguen representando a millones de ciudadanos de este país. El PP, ayudado por algunos errores, lo ha comprobado con crudeza. Pero conviene recordar a quienes insisten en pueriles generalizaciones que el comportamiento de unos individuos indecentes no debería ensombrecer –como tampoco debe hacerlo cuando la corrupción afecta a otros partidos– la labor honesta y generosa de miles de personas que dedican parte de su vida a construir un proyecto de España, de Aragón y a defender unas ideas de democracia, libertad y tolerancia por las que algunos perdieron literalmente la vida. Al PP le toca ahora ponerlo en valor.





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