Ricardo Costa es condenado a cuatro años por la financiación ilegal del PP en Valencia

La Audiencia Nacional ha condenado a 4 años de cárcel al exsecretario del PPCV Ricardo Costa por financiación ilegal del partido en las campañas electorales locales y autonómicas de 2007 y las generales de 2008, y a 3 cabecillas de Gürtel, entre ellos Francico Correa, a penas de entre 5 y casi 7 años de cárcel.

La aplicación de atenuantes por confesión a estos cuatro acusados en la rama valenciana de Gürtel, ha llevado al juez central de lo Penal, José María Vázquez Honrubia, a rebajar las condenas que les pedía la Fiscalía Anticorrupción, y ha absuelto además por falta de pruebas contra él al exvicepresidente del PPCV Vicente Rambla.

Pese a que los fiscales del caso solo pidieron aplicar esa atenuante a Francisco Correa, condenado a 5 años y 3 meses, y a los nueve empresarios implicados -condenados a penas de multa-, Honrubia la ha extendido también a Costa, que confesó la existencia de una financiación ilegal del partido en Valencia, y a otros dos cabecillas de la trama, Álvaro Pérez, El Bigotes, (6 años y 9 meses), y Pablo Crespo (5 años).

La Fiscalía pedía inicialmente para Costa 7 años y 9 meses, petición que rebajó en sus conclusiones finales -al terminar el juicio- a los 4 años y 3 meses tras escuchar su declaración, mientras que para Correa acabó reclamando 7 años y 3 meses por la atenuante de confesión frente a los 22 años que le pedía inicialmente, y para el Bigotes y Crespo dejó su petición en 16 años y medio y 13 y medio de cárcel, respectivamente.

A otros integrantes de la trama como José Ramón Blanco Balín, considerado blanqueador de la red y exvicepredidente de Repsol YPF, le ha condenado a 3 años frente a los 15 que le pedía Anticorrupción, mientras que a Cándido Herrero, gerente de Orange Market, la empresa de Gürtel en Valencia, ha sido condenado a 5 años frente a los 16 que reclamaba para él la Fiscalía.

Por su parte, el exvicepresidente valenciano Vicente Rambla ha resultado absuelto de los delitos electorales de los que le acusaba la Fiscalía -que pedía para él 6 años y 3 meses de cárcel-, al entender el juez que si bien "es posible que haya cometido los delitos", "existe la probabilidad razonable de que no lo hiciera".

"Este juzgador podría considerar que V. Rambla por su profesión y cargos institucionales no podría ignorar lo que estaba ocurriendo en las campañas que dirigía, al parecer sin límite de gasto, aunque es cierto que R. Costa ha apuntado a F. Camps, como político que no se permitía reparar en esas cuestiones".

Considera el juez que "por sus condicionantes políticas y profesionales (Inspector financiero de profesión) debería haber apreciado que los gastos eran excesivos", por lo que cree que incurrió en lo que denomina "ignorancia deliberada" o "ceguera voluntaria".

"El riesgo de la ignorancia deliberada es que en el derecho vigente no cabe ni la presunción del dolo, ni eliminar sin más las exigencias probatorias del elemento cognitivo del dolo", por lo que al no haber "prueba directa, ni indiciaria de calidad y cantidad bastante" no cabe más que la absolución.

De la excúpula del PPCV, además de Costa, ha sido también condenada a 3 años y 4 meses por 3 delitos electorales (en relación a las elecciones locales y autonómicas de 2007 y las generales de 2008) la exgerente Cristina Ibáñez, el exvicepresidente de la formación David Serra (3 años y 8 meses) y la extesorero Yolanda García, a 4 meses.

La sentencia, de 137 folios, declara probado que la expansión del denominado Grupo Correa en Valencia, a través de la empresa Orange Market - que encabezaba El Bigotes- "tenía como finalidad aprovechar las posibilidades de negocio mediante el acceso a determinadas personas que desarrollaban su actividad política" en esa comunidad autónoma.

Todo ello "con el objetivo de conseguir una posición ventajosa en la convocatoria y adjudicación de contratos relativos a eventos que pudieran ser organizados por el propio partido político, por órganos de la Administración autonómica valenciana y por entidades públicas dependientes de la misma".

Respecto a las campañas electorales investigadas, la sentencia cifra en 175.000 euros la única cantidad declarada por Orange Market y el PPCV, pero, según el juez, esa cifra "fue muy superior el servicio que encargó y recibió de Orange Market", por lo que calcula que fue 1,9 millones de euros "el dinero que no fue objeto de facturación y contabilización" en esas campañas de 2007 y 2008.

El juez se ha basado en su sentencia en las declaraciones inculpatorias de los cuatro acusados de la trama a los que ha aplicado atenuantes por confesión y que, según describe , acaban "de completar el mosaico del entramado formado por el PPCV para financiar sus elecciones".