Los exconsejeros huidos demandan a Llarena en Bélgica y piden su recusación en el Tribunal Supremo

Los exconsejeros huidos a Bélgica anunciaron este martes que han interpuesto una demanda civil contra el juez Pablo Llarena y que han reclamado la petición de recusación del magistrado ante el Tribunal Supremo en España.

Las dos acciones judiciales en Bélgica y España serían una consecuencia de que el juez Llarena no estaría respetando "su derecho a la presunción de inocencia" porque "no es imparcial", dijo el exconsejero Toni Comín en rueda de prensa, acompañado del resto de exconsejeros en Bélgica, sus equipos legales, así como Clara Ponsatí desde Escocia y el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont desde Alemania, ambos por videoconferencia.

"No somos perseguidos por la Justicia, sino por la ideología del juez", añadió el expresidente de la Generalitat, quien como Comín auguró que Llarena será llamado a declarar a Bruselas.

Comín explicó que la recusación ante el Tribunal Supremo "es consecuencia" de la primera demanda civil en Bélgica, pues según la Ley Orgánica del Poder Judicial, un juez no puede seguir en una causa si ha sido demandado por una de las partes.

Así, un juez belga ha citado al juez Llarena a comparecer frente a un tribunal francófono de Bruselas por dicha demanda, si bien no es obligatorio que declare personalmente. "El juez Llarena actua sin imparcialidad y guiado por motivaciones políticas", ha declarado Puigdemont en videoconferencia durante una rueda de prensa en Bruselas junto a los exonsejeros y los abogados que los representan.

La acción judicial en Bélgica tiene consecuencias en España, ha explicado Comín, que ha anunciado que también han planteado la recusación de Llarena -que podría suponer el abandono de éste como juez instructor de la causa del 'procés'--, ya que el hecho de tener "una causa pendiente" contra ellos es uno de los motivos que obligan a un juez a apartarse del caso.

Esta demanda ha sido presenta por la vía civil por lo que no se reclamarán penas de cárcel para el juez, sino que pague una "multa simbólica" de un euro "para reparar el daño causado", ha explicado uno de los abogados belgas de los exconsejeros, Christophe Marchant.