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Nacional

Las causas pendientes de la red

La Audiencia Nacional tiene que juzgar aún siete piezas separadas del caso, entre ellas la presunta caja B del PP.

El coordinado general del PP, Fenando Martínez-Maíllo, en declaraciones a los medios tras conocerse la sentencia de la Audiencia Nacional correrpondiente a la macrocausa de Gürtel.
El coordinado general del PP, Fenando Martínez-Maíllo, en declaraciones a los medios tras conocerse la sentencia de la Audiencia Nacional correrpondiente a la macrocausa de Gürtel.
Efe

Tras conocerse la sentencia de la pieza central del caso Gürtel, la que juzgó las actividades de la trama liderada por Francisco Correa en el periodo 1999-2004, la Audiencia Nacional tiene aún pendientes de llevar a juicio otras siete piezas separadas de esta macrocausa.

A la espera de juicio ya no está la pieza referida a la presunta financiación irregular del PP de la Comunidad Valenciana, vista para sentencia el 8 de mayo. Tampoco la referida a los contratos de la Generalitat con las empresas del Grupo Correa en las ferias Fitur de 2005 a 2009.

Caso Bárcenas o caja B del PP

Esta causa surgió de los papeles de Luis Bárcenas, el listado opaco con entradas y salidas de dinero de la caja nacional del PP. En primavera de 2017 ya estaba lista para ser juzgada, pero el juez José de la Mata decidió reabrirla tras la revelaciones de Francisco Correa. El instructor realizó nuevas pesquisas después de que el acusado señalase a varias empresas donantes del PP a cambio de contratos públicos por parte de administraciones gobernadas por este partido. Anticorrupción ya había pedido cinco años de prisión para los extesoreros nacionales Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta por falsedad documental y apropiación indebida. El PP como persona jurídica tuvo que adelantar 1,2 millones de fianza como responsable civil subsidiario. De forma paralela, el tercer magistrado de la Sala de lo Penal, Juan Pablo González fue recusado por que sus compañeros, poñr mayoria simple, alegaron que su independencia había quedaba comprometida por su cercanía a los populares.

Visita del Papa

A falta de señalarse la fecha de la vista oral, la Fiscalía pide 11 años de cárcel para el expresidente de las Cortes valencianas y exdirector general de la Policía Juan Cotino. Le acusan de impulsar «activamente» la contratación para la trama Gürtel de las pantallas y megafonía empleadas con motivo de la visita de Benedicto XVI a Valencia en 2006. Junto a Cotino se sentarán en el banquillo otras 22 personas. Entre ellas, el exdirector de la televisión pública valenciana Pedro García Gimeno y los cabecillas de la trama. El desembolso del evento se acercó a los 7,5 millones de euros.

AENA

El tribunal revisará las 22 adjudicaciones supuestamente irregulares de AENA a empresas de la trama por 2,35 millones a cambio de dádivas y regalos. En este caso, la Fiscalía pide 8 años de prisión para el exdirector de Comunicación del ente público, Ángel López de la Mota, y para su subordinado José María Gavari. Para el presunto líder de la red, Francisco Correa y el considerado contable de sus empresas, José Luis Izquierdo, reclama 10 y 7 años de cárcel, respectivamente.

Jerez

Correa comparte banquillo con otras ocho personas por tres adjudicaciones del Ayuntamiento de Jerez a empresas de la red por 355.391 euros en el marco de la Feria Internacional de Turismo Fitur de 2004. Entre ellas aparece su mano derecha, Pablo Crespo; las interventoras municipales María del Milagro Pérez y Milagros Abascal; o el exdirector del Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad, José Agüera. Los trabajadores del Grupo Correa se enfrentan a siete años y nueve meses de cárcel por delitos de prevaricación, falsedad cometida por funcionario público, fraude a las administraciones y falsedad en documento mercantil. Por su parte, a los empleados del consistorio gaditano les piden siete años de cárcel e inhabilitación para cargo público y fianzas cercanas a 300.000 euros. En el caso de la exalcaldesa y diputada nacional del PP María José García Pelayo, el Supremo archivó su causa en abril de 2016 porque la entonces regidora no tenía por qué saber lo que firmaba.

Boadilla

El juez De la Mata abrió juicio oral en abril de 2016 contra 27 personas por la actividad de la trama en Boadilla del Monte (Madrid), así como contra el PP en calidad de responsable civil como partícipe a título lucrativo por haberse beneficiado de 204.198 euros entre 2001 y 2009. La Fiscalía pide 40 años de cárcel para el exalcalde Arturo González, ‘el Albondiguilla’, y 76 para Correa. Considera que los acusados percibieron suntuosos pagos o regalos por favorecer a empresas de la red. Las actividades de la trama se centraron en el seno de la Empresa Municipal del Suelo y de la Vivienda, que controlaban a través de sus gerentes. El juicio fijó fianzas superiores a los 100 millones para los acusados.

Pieza cinco-Valencia

El juicio por los contratos entre la Generalitat y la trama sentará en el banquillo a 27 personas, entre ellos tres exconsejeros del Gobierno de Francisco Camps: Alicia de Miguel, Manuel Cervera y Luis Rosado. El juez acordó en enero de 2016 la apertura de juicio oral por una pieza que investiga los contratos de varias consejerías, empresas públicas y una fundación con empresas de la red entre 2004 y 2009. Los imputados tendrán que responder por presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, falsedad en documento mercantil, falsificación en documento oficial y malversación.

Época II (2006-2008)

Esta pieza troncal se centra sobre todo en el supuesto cobro por parte de la empresa de Correa de la mayor comisión de toda la trama investigada: 25 millones de euros, en concepto de intermediación de una operación urbanística en Arganda del Rey (Madrid). Para llevar a cabo esa operación, el ayuntamiento tuvo que recalificar, en enero de 2006, una enorme parcela, una recalificación llena de irregularidades que trata de esclarecer el juez De la Mata. Hay varios imputados, entre ellos el presidente de Martinsa, el constructor y promotor inmobiliario, Fernando Martín.

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