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Las mafias de la ocupación

Por
  • Víctor M. Serrano Entío
OPINIÓNACTUALIZADA 27/04/2018 A LAS 05:00
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La Comisión de Justicia del Congreso ha aprobado una proposición de ley (con los votos del proponente, PDECat, PP y Ciudadanos) que modificará la Ley de Enjuiciamiento Civil para proteger el derecho a la propiedad privada frente a la ocupación ilegal de viviendas. Han votado en contra el PSOE, Unidos Podemos y ERC, porque según su criterio la modificación no garantiza el realojo de familias vulnerables que hayan ocupado un inmueble. Los grupos de la oposición y parte de la prensa llama a esta modificación legal ‘desalojo exprés’. El bautismo no se corresponde con lo que la RAE nos da como única definición de ‘desalojo’ en relación con la vivienda: "Dejar el hospedaje, sitio o morada voluntariamente".

La crisis dejó unos terribles años con multitud de familias en riesgo de exclusión residencial. En torno a ese drama, en paralelo, y aprovechándose de la desesperación, delincuentes organizados con prácticas tan cutres como mafiosas han ocupado ilegalmente viviendas para mercadear con ellas. Hobbes ya nos advirtió, con bondad e inocencia, de que el hombre es lobo para el hombre. En Aragón, y más concretamente en Zaragoza, no se ha sufrido como en otras partes de España la acción de las mafias organizadas. Sí hay, en menor medida, ocupaciones aisladas. No solo los propietarios particulares han sufrido esta situación. Las propias administraciones locales han visto cómo su patrimonio sufre reiteradamente ocupaciones ilegales, alterándose con ello su posibilidad de atender por los cauces reglamentados las solicitudes de muchas familias necesitadas de vivienda. Y suele ocurrir que tras una usurpación de vivienda esta esté destrozada e indisponible para ayudar a una familia.

Recuperar la posesión de las viviendas, hasta ahora, no ha sido fácil. El cauce legal admitía dos vías: la civil y la penal. La vía penal, basada en el principio acusatorio y en el de presunción de inocencia, exige probar que la ocupación se ha producido durante un tiempo concreto, con vocación de permanencia, identificar a los ocupantes y probar que se ha ejercido violencia o intimidación. A efectos prácticos, y tras unos cuantos meses, todo queda en un delito leve de usurpación. Con respecto a la vía civil y su agilidad basta señalar el detalle de que, evidentemente, las demandas hay que hacerlas llegar a los demandados y se producen situaciones rocambolescas. ¿Cómo se hace llegar una notificación si previamente desconoces la identidad de los ocupantes, hay que averiguar todos los domicilios que haya podido tener antes, se niegan a recoger cualquier papel, etc.?

Entonces, ¿la reforma aprobada por el PDECat, el PP y Ciudadanos, vía modificación del artículo 250.1, art. 441 y art. 447 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, desampara y viola los derechos de las personas y familias en riesgo de exclusión o ese argumento carece de base y es una mera excusa política para votar en contra? Pueden contestarse ustedes mismos leyendo la nueva redacción del artículo 441: "Simultáneamente, la autoridad judicial comunicará a los servicios municipales de atención social del municipio de que se trate, la apertura del proceso de desocupación ilegal, a los efectos de la adopción de las medidas correspondientes, si proceden".

La reforma contempla expresamente lo que ya venía siendo práctica habitual en nuestros juzgados, y sobre lo que tenemos legislación específica en Aragón, y que no es otra cosa que poner en conocimiento y alertar a los servicios sociales para que nadie quede en desamparo.

Desde mi punto de vista, la reforma legal es oportuna, necesaria y facilita a los poderes públicos la protección de sus viviendas sociales. Atender a esa cercana realidad social no es incompatible con preservar el derecho a la propiedad de los ciudadanos, siendo igualmente compatible con la obligación de la Administración de garantizar el derecho a una vivienda digna. Entiendo poco fundados legalmente los reproches acerca de una supuesta desprotección social que, sinceramente, no veo.

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