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Se supo a dónde ir

Por
  • Guillermo Fatás
OPINIÓNACTUALIZADA 23/04/2018 A LAS 05:00
Se supo a dónde ir
Se supo a dónde ir
HERALDO

Qué era Aragón ante el Estado cuando murió el general Franco? Pocos lo recuerdan. La mayoría no lo sabe ya (ni le importa, aunque debería). Aragón, en 1975, no era ni siquiera una región administrativa. No tenía existencia oficial. Ninguna autoridad podía hablar en su nombre y representación.

El hecho no se debió a iniciativa del régimen franquista (¡ni a Felipe V, lo que hay que oír a veces...!), sino a una reorganización del Estado, en un sentido que quiso ser centralizador y moderno, desarrollada en el segundo tercio del siglo XIX. Su hito más notorio fue la invención de las provincias por Javier de Burgos, en 1833, de inmediato tras la muerte de Fernando VII. De Burgos –político y escritor granadino de poco brillo– pretendió aplicar reglas de eficiencia para modernizar la división de España en vetustos reinos y territorios históricos.

Aragón dejó de existir

Desde esa fecha, Aragón como tal dejó de existir administrativamente. Ante el Estado quedaron tres meras provincias, no vinculadas orgánicamente entre sí por ningún tipo de articulación administrativa. La nueva estructura provincial, hoy muy arraigada –prueba de su éxito básico–, incluso rompió algunas comarcas naturales. Aragón no existía judicialmente; su órgano superior se llamaba Audiencia Territorial ‘de Zaragoza’. Se hablaba aún, un tanto engoladamente, de la Capitanía General de Aragón, pero la Gaceta oficial acabó por crear divisiones específicas para el Ejército de Tierra y el del Aire que no eran ‘aragonesas’. Y otro tanto sucedía con las demarcaciones de la Guardia Civil.

Tampoco existía Aragón en el plano universitario, pues el Distrito Universitario de Zaragoza abarcaba seis provincias (las aragonesas, Navarra, Logroño y Soria). Y no tenía corporeidad eclesiástica: la jurisdicción metropolitana del arzobispo de Zaragoza –más simbólica que efectiva– no afectaba ni al obispado de Jaca, dependiente (como hoy) de Pamplona, ni a las muchas parroquias del Aragón oriental bajo dominio del obispo de Lérida (y así seguirían hasta 1995, sin que se hayan apurado aún las consecuencias de la reasignación territorial).

En suma, y de modo casi inadvertido, en 1975 Aragón solamente existía ante el Estado –los sentimientos son otra cosa– en un punto singular: su venerable derecho foral, por cuya supervivencia lucharon mucho y bien nuestros juristas, de modo que los aragoneses podían distinguirse como tales, en ciertas circunstancias, del resto de los españoles. Aunque en un sentido que él no previó, se había hecho más cierto que nunca el aserto de Costa: Aragón se define por su derecho.

Transición y resurrección

La Transición fue fundamental también en este plano, porque el autogobierno aragonés, que no merece menosprecio, nació por la búsqueda de la democracia y de la defensa de la diversidad –asombrosa, realmente– de lo español. Punto relevante de ese largo recorrido, iniciado en 1833, fue la manifestación de 1978 de la que hoy se conmemora el cuadragésimo aniversario. En lo fundamental, se logró lo que tantos anhelaban.

El nacionalismo centrífugo siempre acecha. En Aragón hay partidos y partidillos que piden la autodeterminación –o sea, el derecho a quebrar España– e incluso la independencia, aunque esta temporada lo callen o lo pongan cobardonamente bajo sordina.

En 1978 se supo a dónde ir. Primero, al estado de derecho, con plenas libertades y basado en la economía social de mercado, al modo típico en Europa occidental. Segundo, a una estructura regional autonómica que ni fuera simple descentralización administrativa ni tampoco descoyuntamiento de España. Y, en fin, a una monarquía parlamentaria sin poder ejecutivo. También fue un valor muy compartido la idea de que la vía para mejorar Aragón era mejorar España, y a la inversa.

Hoy no se ve qué metas básicas comunes tienen aquí los partidos, grandes y pequeños, para Aragón y para España. Esa es la mayor (y la peor) diferencia con 1978.

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