La sección de delitos económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid ha remitido un escrito al titular del juzgado de Instrucción número 15 de Madrid en el que solicita el sobreseimiento y el archivo de las actuaciones abiertas contra el consejo de administración de Mercamadrid de 2013, presidido entonces por la actual delegada de Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, acusado de un delito de administración desleal.

La denuncia se dirigió a todo el consejo de administración de ese año, integrado por doce personas: además de Dancausa como presidenta, estaban María Jesús Prieto como vicepresidenta primera, María Dolores Fernández como vicepresidenta segunda; y Manuel Beltrán, José Antonio Crespo, Pablo del Amo, Pablo Manuel González, Marta Fernández-Pirla, José Enrique Núñez, Silvia Llerena, José Ignacio Ortega, Manuel Troitiño Pérez (todos ellos vocales); y el exsecretario general de Mercamadrid, Fernando Gomar Sánchez y el administrador y apoderado de la misma, José Rodrigo Domínguez y Juan María López, respectivamente.

A finales del mes de abril del año pasado fue la propia Fiscalía Provincial de Madrid la que presentó una denuncia contra estas 16 personas -las mismas para las que ahora se solicita el archivo de la causa- por la presunta comisión de un delito de administración desleal ya que, a su juicio, los acuerdos de transacción y contratos de arrendamientos suscritos por Mecamadrid con la empresa Merca Ocio 22 S.L. habían supuesto un "importante perjuicio patrimonial" para la primera, "a la vez que un enriquecimiento ilícito para Mercaocio".

Todo ello era fruto de un acuerdo de transacción suscrito entre Mercamadrid con Mercaocio por el que se ponía fin a los litigios entre ambas entidades en el que segunda empresa reconocía adeudar a la primera 698.397 euros, en concepto de cánones superficiarios y gastos derivados del impago, y aceptaba la validez de los contratos de cesión de los derechos de superficie.

Ambas entidades se comprometían a celebrar en la misma fecha un contrato por el que Mercamadrid arrendase a Mercaocio las dos salas construidas sobre la parcela I1 a las que se refiere el segundo de los derechos de superficie, hasta el día 28 de enero de 2032 sin posibilidad de desistimiento unilateral y por un precio de 9,5 euros por metro cuadrado mensual más IVA para los dos primeros años y de 10 euros por metro cuadrado más IVA a partir del día 1 de octubre de 2015.

Además, se destinaba la deuda acumulada de Mercaocio para con Mercamadrid antes referida a cubrir el pago de este precio por compensación, y sólo cuando dicha deuda quedase saldada sería exigible a Mercamadrid que procediese al pago en efectivo del precio mensual del arrendamiento.

Sin embargo, de las diligencias practicadas, con las declaraciones de investigados y documental aportada, se infiere que Mercamadrid suscribió el contrato de arrendamiento con Mercaocio para subarrendar al mismo tiempo las salas a Mercasa en las mismas condiciones pactadas con el arrendador, de suerte que se trataba en realidad de una operación "a tres bandas" que permitía poner fin a los litigios existentes entre Mercamadrid y Mecaocio.

"De modo que, si el subarriendo se hubiese llevado a cabo, ningún perjuicio se habría producido. El menoscabo patrimonial se ocasiona entonces por el hecho de que finalmente el subarrendamiento a Mercasa se frustra, en tanto que Mercamadrid sí ha asumido sus obligaciones como arrendatario frente a Mercaoico", destaca la Fiscalía en su escrito.

"Negociación tripartita"

Por tanto, existe en la causa documentación que apunta a que se trató en realidad de una "negociación tripartita". En este sentido, recuerda que Mercasa es una empresa pública de la Administración del Estado, cuyos accionistas son la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, a través del Fondo Española de Garantía Agraria (FEGA).

En relación con el precio del metro cuadrado, de la documentación aportada a la causa, se desprende que no hay motivo para considerar desorbitados los 9,5 o 10 euros por metro cuadrado. Asimismo, la veracidad de la negociación tripartita se infiere de los documentos recibidos por la SEPI, remitida por Mercasa, relacionadas con la "solicitud de autorización para la firma de un contrato entre Mercamadrid y la Sociedad, cuyo objeto es el subarriendo a Mercasa de los locales 1 y 2 ubicados en la parcela I-1 del Polígono Alimentario de Mercamadrid, con el fin último de explotar dichas instalaciones".

Dicha solicitud va acompañada de un Informe sobre Proyecto ubicado en la Parcela I 1 de Mercamadrid, elaborado por la Dirección de Estructuras Comerciales de Mercasa. Tal proyecto, en su punto 3.2 establece que "el precio se fija de la siguiente forma: carencia de dos meses desde la firma del contrato. Hasta el 30 de septiembre de 2015 la renta se establece en 592.208,40 euros, anuales, más el IVA correspondiente (9,5 euros/metro cuadrado mensual).

A partir del 1 de octubre de 2015 la renta anual asciende a 623.377,20 euros más el IVA correspondiente (10 euros/metro cuadrado mensual)". En ese sentido, consta el informe de fecha 11 de julio de 2014 de la Dirección de Asesoría Jurídica y Fiscal de SEPI, que no formula objeciones al precio propuesto.

Igualmente, tanto la Dirección de Planificación y Control de SEPI como la Dirección de Relaciones con la Unión Europea no formularon objeciones al proyecto presentado. Por otro lado, y a la vista de lo instruido, tampoco puede afirmarse con rotundidad que la demanda reconvencional no pudiera prosperar, total o parcialmente, ni, por consiguiente, que la reclamación de daños y perjuicios cifrada por Mercaocio en 8004.535,12 no resultara fundamentada ni viable.

Dancausa defendió que la operación fue correcta

Dancausa tuvo que declarar ante el juez en calidad de investigada el pasado mes de noviembre de 2017 y aseguró que la operación fue "buena" para la empresa pública sin perjuicio para las arcas públicas, al tiempo que critió la falta de "unidad de acción" por parte del Consistorio actual, gobernado por Manuela Carmena.

"Eludía una posible responsabilidad patrimonial de 8 millones, ponía en marcha unas naves que eran muy importantes, se aseguraba un canon que tenía concedido hasta 2032 y revertía estas naves para el Ayuntamiento. La operación no tenía ningún coste para el Ayuntamiento porque Mercasa era el que pagaba el contrato de arrendamiento que Mercamadrid realizaba con Merca Ocio", explicó Dancausa ante el juez