Puigdemont en la ONU

Según los separatistas catalanes, el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha pedido explicaciones a España sobre la persecución inicua de que está siendo objeto Carles Puigdemont, exiliado político que vaga por Europa para evadir los abusos policiales y judiciales a que lo tiene sometido el Estado español. Un severo varapalo, según sabrá cualquiera que escuche, por ejemplo, al ahora más activo portavoz del independentismo, el diputado Carles Campuzano, hombre educado, pero terne en sus enfoques políticos, inflexibles e invariables, no obstante proclamarse paladín del diálogo.

Parece broma, pero no lo es: en la ONU hubo una Comisión de Derechos Humanos y hoy existen un Comité de Derechos Humanos y un Consejo de Derechos Humanos, además de otros organismos relacionados con los maltratados Derechos Humanos (DD. HH.) enunciados en 1948. Su perpetua violación es muy grave y cuestión, a la vez que irresoluble, irrenunciable. Pero, en cuanto a Puigdemont, conviene saber ciertos detalles históricos e institucionales para no dejarse sorprender por la labia independentista.

Comisión, Consejo, Comité

En la ONU existió una Comisión de Derechos Humanos tan inútil y desastrosa que fue suprimida el 27 de marzo de 2006. Una de las razones para su supresión fue que algunos de sus estados componentes (por turnos trienales) eran notorios violadores sistemáticos de esos derechos.

Fue sustituida de inmediato por el Consejo de Derechos Humanos, que, más o menos, continuó su tarea desde entonces. En este Consejo tienen asiento, o lo han tenido, estados muy irrespetuosos con la democracia y las libertades, como China, Libia y Arabia Saudí, y ha adoptado resoluciones tan sorprendentes como que los asesinatos originados por la represión o el odio a la homosexualidad no fueran materia debatible... porque ciertos textos sacros son ley ordinaria en algunos países confesionales y consideran la conducta homosexual delito especialmente aberrante y grave –"el pecado nefando", se decía–; lo penan con la muerte irremediable, por ser mandato divino. Hubo de rectificarse esta actitud del Consejo y, en 2016 –hace nada–, el pronunciamiento fue algo más coherente con la Declaración de DD. HH. Solo algo más porque, de cuarenta y seis votos emitidos, catorce fueron noes y siete, blancos. Sirva como ejemplo esclarecedor de cómo es este paisaje en las Naciones Unidas.

Embarullarse con la ONU

En vista de la penosa situación –por desdicha, la Declaración de Derechos Humanos no tiene aceptación universal–, la ONU ha buscado salidas para tratar de avanzar en su línea humanitaria y así creó el Comité de Derechos Humanos (CDH), organismo al que se ha dirigido Puigdemont. El ente no está compuesto por países, sino por peritos. Un experto de la ONU, David Kaye, ha dicho por su cuenta que, en España, si los juicios por rebelión acarrean largas penas de cárcel, pueden disuadir de hablar de modo legítimo, aunque lo dicho sea discutible o estrambótico. Bueno.

Hay seis comités más, dedicados a defender diversos Derechos Humanos y sus competencias son muy tasadas. El CDH vela por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que son solo una parte de los Derechos Humanos. La denominación del Comité resulta, pues, un tanto abusiva. No es un tribunal internacional y carece de jurisdicción. Eso no lo hace menospreciable; pero las cosas son lo que son y como son.

El CDH recibe quejas de personas que consideran violados sus derechos civicopolíticos individuales. Su oficina registró el 26 de marzo la presentada por la abogada Rachel Lindon, en nombre de Puigdemont. No es una admisión a trámite, imposible sin haber oído antes a la otra parte –España–, que dispone de dos meses (hasta el 29 de mayo) para argumentar su posición, que será trasladada al denunciante. Habrá un cruce de observaciones recíprocas y solo entonces el Comité decidirá si admite la reclamación del político separatista.

Se lo ha dicho el Comité a España: el registro del escrito "no implica que se haya llegado a una decisión, ni respecto de la admisibilidad, ni del fondo de la queja". Está claro.

La decisión, en fin –una opinión pericial–, no sería de obligado cumplimiento. El señor Torrent, sin ir más lejos, hace caso omiso de la opinión experta de los letrados del Parlament, como hacía la señora Forcadell. Y todo esto es lo que callan el señor Campuzano y sus cofrades.

El barullo es natural en la ONU, por su diversidad nativa. Pero el diminuto separatismo catalán vive a gusto en el embrollo. Así, incluso el indescriptible Pepe (sic) Álvarez, líder ¿nacional? de UGT, encabezará hoy una huelga en sintonía con los separatistas. Se puede ser tajante: es falso que la ONU haya admitido a trámite una denuncia de Puigdemont por violación de sus derechos humanos. Decir lo contrario es un modo capcioso (y típico) de embrollar más el barullo.