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La URJC suspende de sus funciones al director del Instituto de Derecho Público en el que obtuvo el máster Cifuentes

El rector de la universidad le podría quitar el título en el caso de que una sentencia firme reconozca "irregularidades".

El rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Javier Ramos
El rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Javier Ramos
Efe

El rector de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC), Javier Ramos, ha decidido suspender de sus funciones, como medida cautelar, a Enrique Álvarez Conde, director del Instituto de Derecho Público, adscrito a la Universidad, y abre la puerta a quitar el título de su máster a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, en el caso de que una sentencia firme reconozca "irregularidades".

Ramos ha informado de esta decisión al Consejo de Gobierno de la URJC, que se encuentra reunido esta mañana y en el que también ha comunicado la apertura de un expediente disciplinario a la funcionaria de la universidad Amalia Calonge "por graves irregularidades detectadas" en la investigación abierta por la propia institución académica sobre el máster de Cifuentes.

Según un comunicado de la URJC, el rector ha explicado al Consejo de Gobierno que "ante los indicios de la comisión de un delito de falsificación de documento público tipificado en los artículos 390 y siguientes del Código Penal" ha acordado suspender el procedimiento de información reservada que se había abierto y trasladar toda la documentación recopilada a la Fiscalía.

Ramos ha asegurado que "de dictarse sentencia firme reconociendo los hechos, se iniciarán los trámites pertinentes para la anulación" del título de máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

No obstante, la suspensión del procedimiento de información reservada interna, según la nota de la URJC, no impedirá proseguir la investigación de todo lo relacionado con el Instituto de Derecho Público y particularmente "en cuanto a la implementación del Máster Universitario de Derecho Público del Estado Autonómico".

La URJC también ha puesto en marcha auditorías de todas las actividades relacionadas con los institutos y centros propios de la universidad con el objetivo de "verificar que todos los procesos relacionados con la gestión académica y económica se llevan a cabo cumpliendo la legalidad vigente y la ética profesional".

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