Si Puigdemont y los demás dirigentes de la intentona secesionista cometieron delito de rebelión o solo de sedición –que también sería muy grave– deben determinarlo los tribunales españoles. Por eso, es posible que la Audiencia de Schleswig-Holstein se haya extralimitado al entrar al fondo de una cuestión que no le corresponde juzgar: si hubo violencia o en qué grado en los sucesos independentistas. Al hacerlo así, podría vulnerar el espíritu y las normas de la colaboración judicial entre los Estados de la Unión Europea, que debe basarse en la confianza entre países plenamente democráticos. Parece lógico, por tanto, que el juez Llarena presente, como se ha anunciado, una cuestión prejudicial en este sentido ante el Tribunal de Justicia de la UE. En cualquier caso, hay que subrayar que el tribunal alemán ha considerado a Puigdemont como posible autor de otros delitos y le ha impuesto medidas cautelares. También, que si otros dirigentes del ‘procés’ están en prisión provisional en España se debe, ante todo, a la posibilidad de que en caso de quedar en libertad reiteraran sus acciones delictivas o emprendiesen la fuga. No cabe hablar por tanto ni de presos políticos ni de abusos judiciales. Y los partidos independentistas deberían asumir, de una vez, que el camino de la normalización política solo podrá comenzar cuando actúen acatando la ley y el orden constitucional.