Hay una corriente de aparente ‘buenismo’ que atribuye a las últimas movilizaciones en España –mujer, pensiones– un valor netamente social, con un plus de legitimidad por no haber sido alumbradas ni dirigidas por sindicatos o partidos. Sin restar un ápice de mérito a la sociedad civil, no querer ver la mano política o sindical en estas protestas se convierte en un acto de fe ciega. Siendo justísima la reivindicación de nuestros pensionistas, es una evidencia que Sánchez e Iglesias han puesto su mirada en ellos. Legítimo, salvo cuando el interés se adentra en el terreno del electoralismo y la demagogia. Escuchar a Pedro Sánchez proponer que los políticos se suban el sueldo un 0,25% en solidaridad con los jubilados supone un doble absurdo. El primero y principal: resignarse a que las pensiones sigan perdiendo poder adquisitivo. El otro, comprobar que el líder socialista tiene un sueldo privilegiado que jamás se ha bajado en solidaridad con los españoles que sufren eso que llaman devaluación interna: recuperación para algunos, crisis para los demás. El PSOE necesita otra altura de miras si quiere volver a ser alternativa y no seguir descabalgando a verdaderos referentes como Solana o Jáuregui.