¿Es España un país para viejos?
En su estado actual, el sistema español de pensiones tiene un problema de supervivencia. Parafraseando el título de una de las más célebres películas de los hermanos Coen, cabe preguntarse si es España un país para viejos.
Lo que de verdad importa, o debería, en una sociedad justa son las pensiones. También la educación y la sanidad y algunas otras necesidades realmente relevantes para el bienestar de los ciudadanos. Pero las pensiones son fundamentales. De hecho, está demostrado que constituyen la política con mayores efectos correctores de la desigualdad (estudio de la Fundación BBVA). Por eso es tan urgente asegurar su viabilidad.
El envejecimiento de la población obliga a ejecutar adaptaciones de calado en la actual política económica, que fue pensada para otra pirámide demográfica. Ya no es posible sostener un sistema público de pensiones con el único criterio de que los trabajadores actuales sufraguen las percepciones de los jubilados. Como el periodo medio entre la fecha legal de jubilación y el momento del fallecimiento de quien percibe la prestación se va ampliando gracias al aumento de la esperanza de vida, el sistema tiende a la quiebra si no se toman decisiones.
Es, pues, un hecho incuestionable que el sistema español de pensiones tiene un problema de supervivencia. Los ingresos no crecen con el suficiente ritmo para financiar las prestaciones y el problema irá a más, según las proyecciones demográficas del INE. El sistema actual es inviable a medio plazo por varias causas: la estructura de población (menos habitantes y más envejecidos), el coste creciente de las pensiones nuevas respecto a las que había y la precariedad del empleo que se está creando. En consecuencia, si no hay una reforma en profundidad del modelo de solidaridad intergeneracional, todas estas circunstancias conducirán sin remisión hacia un escenario de prestaciones recortadas en un 30% o un 40% en el plazo de quince años.
Las posibles soluciones abordan el gasto o los ingresos: van desde bajar la cantidad que se percibe a prolongar la edad de jubilación, pasando por integrar en los presupuestos del Estado parte del coste, crear un impuesto específico para financiar el sostenimiento del sistema, reducir las bonificaciones sociales a las empresas o bien elevar las cotizaciones. Todas estas medidas tienen ventajas e inconvenientes. Y aún queda la opción de que cada ciudadano complete la pensión con un sistema privado de previsión. No obstante, según un informe de La Caixa, la pensión pública es la única fuente de ingresos de 7 de cada 10 jubilados. La devaluación de salarios, a causa de la crisis que comenzó en 2008, hace literalmente imposible a una parte de la ciudadanía poder ahorrar algo para la jubilación.
De cualquier modo, no cabe caer en el derrotismo con el que interesadamente juegan algunos. Los problemas del sistema tienen solución. En esencia, se trata de poner racionalidad a través del Pacto de Toledo (que saca el tema del debate electoralista) a un modelo que se ha ido perfeccionado con el tiempo, aunque arrastra viejos vicios, como que a la Seguridad Social se le hayan endosado muchos gastos que no le corresponde financiar. Por ejemplo, no debería pagarse el sueldo de los funcionarios de la Seguridad Social (unos 2.300 millones de euros) con cotizaciones, sino con impuestos.
Los especialistas plantean un abanico de posibles remedios como los planes de empresa, que funcionan en los países más avanzados de la UE y también en algunas entidades en España: se trata de que todas las compañías destinen una parte de sus beneficios a sufragar planes de pensiones a sus empleados.
Hay, pues, soluciones. Solo hay que ponerlas sobre la mesa, analizarlas y pactarlas, acabando así con la parálisis política que atenaza a los partidos respecto a este desafío social. Desde que el canciller Bismarck puso en marcha el primer sistema público de pensiones, Occidente ha vivido dos guerras mundiales, varias recesiones y un progresivo aumento de la esperanza de vida; sin embargo, las pensiones han seguido pagándose puntualmente. ¿Acaso va a dejar de ser ahora Europa un continente para viejos?