JxCat y la CUP perfilan una propuesta de resolución que evita reafirmar la DUI

Junts per Catalunya (JxCat) y la CUP han alcanzado un acuerdo sobre la propuesta de resolución que votará mañana el Parlament, que incorporará retoques sugeridos por la formación anticapitalista aunque no supondrá reafirmar la declaración unilateral de independencia (DUI) del 27 de octubre.

Diversas fuentes conocedoras de las conversaciones han explicado  que ambas formaciones han alcanzado un acuerdo sobre el redactado de la propuesta de resolución que había presentado JxCat y que ya contaba con el visto bueno de ERC, pero al que la CUP había presentado diversas enmiendas.

Una de ellas, la más llamativa, planteaba que el Parlament "se reafirma y reitera en la declaración de independencia y en la proclamación de Cataluña como un Estado independiente en forma de república, que fueron votadas y aprobadas el 27 de octubre de 2017".

Los contactos mantenidos esta tarde en el Parlament -Elsa Artadi, Eduard Pujol, Jordi Turull, Josep Rull y Laura Borràs, por parte de JxCat, y Carles Riera, Vidal Aragonés y Natàlia Sánchez, por parte de la CUP- han servido para tejer un consenso y alejar la posibilidad de que los anticapitalistas bloquearan la aprobación de la resolución.

Enmiendas admitidas a trámite

Las enmiendas de la CUP habían sido admitidas a trámite con los votos favorables de los miembros de la Mesa de JxCat y de ERC, mientras que los de Ciudadanos (Cs) y del PSC han votado en contra, tras escuchar las intervenciones también contrarias del letrado mayor y del secretario general de la cámara.

El resto de enmiendas de los demás grupos han sido admitidas a trámite sin ningún problema, puesto que no ha habido ningún miembro de la Mesa que las haya cuestionado.

La CUP dio a conocer una quincena de enmiendas a la propuesta de resolución de JxCat en la que se reconoce la legitimidad del expresidente Carles Puigdemont y del anterior Gobierno catalán, y se rechaza la aplicación del artículo 155.

Las enmiendas de la CUP enduracían el texto de forma sustancial y en ellas se aboga de forma directa por reafirmar la declaración de independencia que el 27 de octubre fue aprobada por el pleno del Parlament, además de sustituir las menciones a las instituciones autonómicas por otras referidas a la construcción de la república catalana.

Ciudadanos y PSC han rechazado dichas enmiendas de la formación anticapitalista, pero no todas ellas, ya que algunas han considerado que no eran contrarias a la legalidad y han sido votadas favorablemente junto a las del resto de los grupos.

Previamente, el letrado mayor y el secretario general del Parlament han expresado la opinión de que una gran parte de las enmiendas de la CUP a la propuesta de resolución de JxCat contravienen algunas sentencias y resoluciones que el Tribunal Constitucional había dictado durante la anterior legislatura.

Se han mostrado en contra, por tanto, de admitirlas a trámite, aunque los posicionamientos de los letrados no son vinculantes para la Mesa y sólo tienen carácter consultivo.

La mayoría independentista, sin embargo, ha votado favorablemente a la admisión a trámite, al entender que la Mesa no está facultada para censurar las enmiendas de los diputados, además de que durante su tramitación parlamentaria pueden ser modificadas.

El Gobierno estudia actuar contra la Mesa del Parlament

Los servicios jurídicos del Estado están estudiando las responsabilidades en que pudieran incurrir los miembros de la Mesa del Parlament si finalmente mantienen la admisión a trámite de las enmiendas de la CUP.

Fuentes del Gobierno han informado de ese análisis que están realizando los servicios jurídicos por considerar que las enmiendas de la CUP tienen un carácter ilegal y contrario a la Constitución y al Estatut.

El Ejecutivo ha realizado esta advertencia después de que la Mesa del Parlament, con el apoyo de JxCat y ERC y el voto en contra de Ciudadanos y el PSC, haya admitido a trámite las enmiendas.

Tras esa decisión, el PSC ha registrado una petición de reconsideración de la admisión a trámite de las enmiendas de la CUP en las que se defiende la reafirmación de la declaración de independencia y ha solicitado encargar a los letrados un informe sobre su adecuación al ordenamiento jurídico y a las decisiones previas del Tribunal Constitucional.

Si no existiera esa reconsideración, sería cuando el Gobierno podría actuar contra los miembros de la Mesa del Parlament en función del análisis que están realizando los servicios jurídicos del Estado.

"El Gobierno- subrayan las fuentes del Ejecutivo- velará en todo momento por el cumplimiento de la ley, como ha venido haciendo hasta ahora".

Además, garantiza que seguirá ejerciendo con la mayor eficacia posible la administración de los asuntos ordinarios en Cataluña, mientras no haya un presidente de la Generalitat elegido de acuerdo con la ley y el reglamento del Parlament.