Los primeros excargos de la Junta que declaran en el juicio de los ERE defienden la legalidad de las ayudas

Los primeros exdirigentes andaluces acusados en la pieza política del caso ERE que han declarado en el juicio han defendido la legalidad del sistema por el que la Junta daba y pagaba las ayudas sociolaborales investigadas, sistema por el que afrontan ocho años de cárcel por prevaricación y malversación.

Tras ocho sesiones el la Audiencia Provincial de Sevilla, ha sido este miércoles en la novena jornada cuando han comenzado los interrogatorios a los acusados, en concreto al ex director general de Trabajo de 1999 al 2008, Javier Guerrero; al exconsejero de Empleo entre el 2000 y el 2004, José Antonio Viera; y el exviceconsejero de Empleo del 2004 al 2010 Agustín Barberá.

El primero sólo ha contestado a las preguntas de su abogado, por lo que este miércoles se han terminado de escuchar sus anteriores declaraciones policiales y judiciales durante la instrucción como exigió la Fiscalía Anticorrupción, de las que sólo ha ratificado la última, realizada voluntariamente ante la jueza María Núñez en octubre del 2015 cuando sustituyó a la anterior instructora, Mercedes Alaya.

En sala ha dicho que nunca ha "hablado de fondo de reptiles" para referirse al dinero de las ayudas, una expresión que se hizo popular al estallar el caso ERE y que ha asegurado que "nunca ha salido de su boca" y "no sabe de dónde ha salido" y se ha usado para "pensar que aquí teníamos una especie de fondos reservados".

En las declaraciones que no ha ratificado Guerrero siempre dijo haber actuado siguiendo instrucciones de sus superiores y que las ayudas que concedía como director general de Trabajo eran conocidas por "todo el Consejo de Gobierno", incluso arremetió contra el expresidente Manuel Chaves o el exconsejero Viera por "humillarle para defender su honorabilidad".

Pero este miércoles ha aprovechado su turno de palabra para defender "la honestidad" de todos los miembros del Gobierno andaluz y mostrarse orgulloso de todos con quienes trabajó durante una década.

José Antonio Viera sí ha respondido a las preguntas de la Fiscalía Anticorrupción, un exhaustivo interrogatorio durante tres horas en el que al preguntarle por aspectos de ayudas concretas su abogada, Candela Estévez, ha protestado por aludir a expedientes que son investigados en otras piezas separadas, si bien el presidente del tribunal no ha considerado su reclamación.

Viera ha declarado que "la Intervención nunca se refirió a mí con un informe que indicara que había una situación de ilegalidad" en el sistema con el que la Junta repartía las ayudas.

Ha defendido que el convenio que firmó en el 2001 con el ente público IFA (luego IDEA) por el que éste pasaba a pagar las ayudas con transferencias de financiación de la Consejería de Empleo entiende que cumplía "todos los requisitos legales" y que todo documento que firmaba sobre convenios para ayudas venía con el visto bueno de "todos los centros de dirección" de su Consejería.

Se ha desentendido del conocimiento de detalles concretos sobre ayudas y pagos que competían al director de Trabajo.

También ha eximido de ese conocimiento exhaustivo al expresidente Manuel Chaves al ser preguntado por las ayudas a Santana que se abordaron en el Consejo de Gobierno: "Conocía el problema pero tenía un total desconocimiento de los instrumentos que se estaban vehiculando para llevar a cabo una reordenación en Santana".

Ha negado que el sistema buscara eludir controles de la Intervención: "No puedo aceptar que un consejero de la Junta de Andalucía esté organizándose para saltarse los controles para cometer algún tipo de fraude", ha dicho molesto.

Cuando el fiscal le ha preguntado, mostrándole documentos, si sabía que con dinero de los ERE se pagó una campaña de publicidad del SAE o unas instalaciones del 112, ha contestado "no lo conozco" o "no lo recuerdo".

Por su parte, Agustín Barberá, que también ha respondido al fiscal (que le ha interrogado durante otras tres horas) ha defendido igualmente la legalidad del sistema porque venía recogido en las leyes de presupuestos, lo que le ha dado pie a señalar que ya que éstas se aprobaban en el Parlamento "sus señorías sabían perfectamente" cómo se daban las ayudas en Andalucía.