Junts per Catalunya (JxCat) y ERC están explorando una nueva vía para intentar investir a Carles Puigdemont, mediante una reforma de la ley de la presidencia de la Generalitat y del Govern, pese a que, según admiten fuentes soberanistas, debido a las trabas legales las opciones de que prospere son "mínimas".

En la reunión que celebraron el pasado domingo en Bruselas negociadores de JxCat y ERC se plantearon diferentes escenarios para encarar la nueva legislatura, con un Govern ejecutivo en Cataluña y con Puigdemont liderando una estructura paralela desde Bélgica.

Uno de los escenarios analizados pasaba por constituir una "Asamblea Constituyente" que, reunida en un acto solemne en Bruselas, "investiría" simbólicamente al propio Puigdemont como "presidente de la república" catalana.

Sin embargo, JxCat descartó este martes esta idea y apuesta ahora por otra de las vías que se puso sobre la mesa el domingo en Bruselas: una reforma de la ley de la presidencia de la Generalitat y del Govern, para permitir una investidura a distancia de Puigdemont.

Según las fuentes consultadas por Efe, la propuesta partió de las filas de JxCat y fue argumentada jurídicamente por el vicepresidente primero del Parlament y diputado de este grupo, Josep Costa.

Los negociadores de ERC expusieron sus reservas, dado que una reforma de este tipo, aprobada además por el Parlament por la vía de urgencia, será con toda seguridad recurrida por el Gobierno del Estado, y la simple admisión a trámite del recurso por parte del Tribunal Constitucional (TC) ya dejaría la iniciativa en suspenso.

Aun así, los republicanos se han mostrado abiertos a negociar la concreción negro sobre blanco de esta propuesta, bajo la premisa de que están dispuestos a apoyar cualquier iniciativa para "restituir el Govern legítimo", cesado en aplicación del artículo 155 de la Constitución, aunque son conscientes de que este intento de reforma legislativa puede tener un recorrido muy corto.

Según fuentes soberanistas, el propio Puigdemont ha trasladado a otros miembros de JxCat que, pese a que hay que intentar encontrar un resquicio para recuperar el "Govern legítimo" que presidía antes del 155, la "línea roja" es no saltarse ninguna resolución del TC.

En todo caso, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha advertido al presidente del Parlament, Roger Torrent, de las consecuencias que podría tener para él amparar una investidura que no se ajustara a lo que le ha trasladado el TC.

El diputado del PPC en el Parlament Alejandro Fernández ha avisado de que una eventual reforma de la ley de la presidencia para dar un cargo a Puigdemont es "inviable legalmente" porque va contra "los principios y finalidades" de la aplicación del 155.

Fernández ha recordado que el acuerdo del Consejo de Ministros para la aplicación del artículo 155 contempla que el Parlament "seguirá ejerciendo su potestad legislativa" pero no podrá tramitar "iniciativas contrarias a los principios y finalidades del 155".

El secretario de Comunicación de Ciudadanos, Fernando de Páramo, ha denunciado que "el Parlament sigue paralizado, bloqueado y al servicio" de Puigdemont, y se ha preguntado: "¿Hay alguien ahí que pueda decirle que no va a ser president?".

La portavoz parlamentaria del PSC, Eva Granados, ha tachado de "ridículo" y de "disparate" reformar la ley de la presidencia y ha recordado a Puigdemont que "el Palau de la Generalitat está en la Plaça Sant Jaume, no en Waterloo".

La portavoz de Catalunya en Comú, Elisenda Alamany, ha advertido a JxCat de que "si no hay un Govern que gobierne desde Cataluña, el PP seguirá gobernando" a los catalanes a través del artículo 155, por lo que le ha instado a buscar "un candidato alternativo".

La CUP ha descartado pronunciarse sobre la nueva propuesta para desbloquear la investidura del president y ha anunciado que no avalará ninguna fórmula que no sea previamente acordada entre JxCat y ERC y después negociada en reuniones tripartitas.

Mientras tanto, los letrados del Parlament se inclinan en sus reuniones por considerar que la cuenta atrás de un máximo de dos meses para completar la investidura aún no se ha puesto en marcha, al no haberse producido una votación, pero debaten si incluir en su informe fórmulas para desbloquear la legislatura a corto plazo