La escuela es un ámbito donde las sociedades se disputan las memorias posibles. Por eso, como es incorrecta la expresión ‘corona catalano-aragonesa’, hay que subsanar el error en los libros escolares, desde luego. Forma parte de un conjunto de instrumentalizaciones bien regadas por el independentismo catalán. Les encaja para airear la falsedad de que Cataluña es la nación más antigua de Europa o para transformar la Guerra de Sucesión en ‘Guerra de Secesión’, una barbaridad en toda regla. El llamado ‘rufianismo histórico’, irónica expresión acuñada por Francisco Morente en alusión al inefable diputado, lo practican algunos integrantes del Instituto Nova Historia de Catalunya. Sostienen teorías como la catalanidad de Cristóbal Colón (un tema con pedigrí), de Teresa de Ávila, que en realidad habría nacido en Pedralbes, o del mismísimo Erasmo, que para nada sería de Róterdam. Todo sirve para que el relato histórico se ajuste, casi como un guante, al proyecto político del presente. Corríjanse esos excesos de los libros escolares, esa invención de la tradición.

De paso, como hay un deber de memoria, podrían revisarse otros contenidos de los manuales escolares, referidos esta vez a los años de la Segunda República, la guerra, la represión de la dictadura y la lucha antifranquista. Quienes han revisado con detenimiento los manuales de 4º de ESO y de 2º de Bachillerato, por ser el periodo curricular en el que se trabaja más detenidamente la Historia Contemporánea de España, como el profesor Díez, concluyen que no hay una enmienda a la totalidad, pero que el margen de mejora es amplio. Por ejemplo, se minimiza la represión franquista, orquestada ‘legalmente’ y con carácter retroactivo. Solo el 44% de los manuales de la ESO la incluyen de algún modo, es decir, menos de la mitad de los libros de texto que utiliza nuestro alumnado en la enseñanza obligatoria. El porcentaje se eleva hasta el 58% en Segundo de Bachillerato, pero seguimos estando lejos de que se haya asumido por todos los libros escolares. Subsisten temas especialmente tabú, no abordados ni siquiera de forma colateral, como los mecanismos supuestamente ‘legales’ de incautación de bienes de familias republicanas represaliadas y, a la inversa, los procesos de enriquecimiento y generación de nuevas fortunas que asentaron la oligarquía del régimen. Se habla, en general, de los desmanes de ambos bandos y la impresión general que queda es de equidistancia y equiparación, de culpabilidades niveladas. Es la reiterada idea de que ‘todos fuimos culpables’, de un modo u otro, de la barbarie que vivió España durante los años treinta. Una visión supuestamente neutral y aséptica que encubre graves silencios y ocultamientos deliberados. Este enfoque equidistante procede ya del ‘segundo franquismo’, cuando el relato de ‘la Cruzada’ dejaba de ser creíble y desde las filas del propio régimen empezaba a hablarse, aunque con muchos matices, de ‘guerra entre españoles’ o utilizando términos similares… En estos libros, que por fortuna no son todos, apenas hay referencias al reconocimiento de las víctimas del franquismo y a quienes siguieron defendiendo el orden legítimo.

Resulta llamativo el fuerte contraste entre las numerosas investigaciones y publicaciones especializadas y lo que se recoge en los libros escolares, como si las mejores investigaciones no hubiesen terminado de formar parte de la percepción colectiva del pasado, de ese pasado que no acaba de pasar, de ese pasado que no puede ser pisado. En este sentido, en estas semanas del caso Palau y de la trama Gürtel (yo prefiero llamar así, señor Correa, aunque no le guste), me ha interesado la correlación trazada por Rodrick entre el nivel de corrupción actual y las tasas de escolarización en cada

país allá por 1870: cuanto mayor es la media de años de escolarización en 1870 en un país, menor resulta la corrupción 140 años después. Esta es la interpretación que propone: los países con mejores resultados en educación en 1870 eran aquellos que tenían un Estado más fuerte que proporcionaba bienes públicos a sus ciudadanos. A su vez, los países que tenían este tipo de Estado eran también los de menor desigualdad económica y con mayores niveles de confianza social, dos características relevantes para reducir la corrupción.