CSI canino

Las llamadas ‘ciudades rebeldes’ –han renunciado a lo ‘del cambio’ porque se presta a curiosos juegos de palabras– siguen sacando pecho en encuentros en los que intercambian sus experiencias de éxito. Cuando no en La Coruña, en Zaragoza, con Kichi deslumbrado por la limpieza de las calles de la capital aragonesa (cómo estarán las de Cádiz). La última de ZEC es esa ordenanza que obliga a los dueños de perros a registrar su ADN para que sean sancionados si no recogen los excrementos. El fin es irrenunciable: hay que sacar a incívicos y sucios de nuestras calles. Pero los medios rozan el absurdo: hasta los veterinarios advierten de lo ineficaz de una medida que persigue a los dueños de animales ya registrados en lugar de a quien los abandona o maltrata. ¿Se imaginan a los policías locales recogiendo muestras de heces con bastoncillos de algodón? ¿Y un CSI canino con sus investigadores y sus laboratorios? Ni una cosa ni otra. La primera porque no está en el manual de funciones de ningún empleado público, la segunda porque no hay sanciones que financien el dichoso invento. Dejemos a los agentes que sigan velando por la seguridad y el tráfico. Es muy necesario y bastante más normal.