El Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Vila-real (Castellón) ha rechazado la petición para cerrar el perfil de la red social Facebook del joven muerto en diciembre al colisionar contra una gasolinera en Benicàssim el coche en que viajaba con su expareja, que también murió y le había denunciado por malos tratos.

La madre de la chica había solicitado al juzgado el cierre del perfil del presunto agresor, en el que éste había colgado fotos de ella, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en un comunicado.

La jueza dio traslado de la petición de la familia a la Fiscalía, que se opuso, y en una providencia notificada a las partes hace suyo el criterio del Ministerio Fiscal y rechaza cerrar el perfil en esa red social del presunto agresor fallecido por considerar que el contenido del mismo "puede ser pertinente y útil para el esclarecimiento de los hechos" que se investigan.

El Juzgado, por el contrario, ha accedido a la petición de la madre de la víctima y ha aceptado su personación como acusación particular en el procedimiento.

La instructora está pendiente de recibir el atestado definitivo de la Guardia Civil para determinar si la colisión mortal fue accidental o provocada.

El hombre ya estaba siendo investigado por el mismo juzgado por tres delitos de lesiones, tras una denuncia presentada por su expareja sentimental, fallecida en el choque, a mediados de diciembre.

El Juzgado recibió la denuncia, en la que la joven relataba varios episodios violentos sufridos en diferentes momentos de la relación, el 15 de diciembre.

Ese mismo día, la jueza tomó declaración a la víctima y a su presunto agresor. Es la única denuncia que consta de ella contra él en ese juzgado.

Tras escuchar a ambos, el fiscal apreció indicios de tres delitos de lesiones en el ámbito de la violencia de género, aunque el juicio no pudo celebrarse porque las versiones eran contradictorias y no existía parte médico que acreditara las lesiones que relataba la víctima de los distintos ataques.

El fiscal solicitó entonces nuevas diligencias para completar la instrucción, entre ellas que se tomara declaración a tres testigos, que se requirieran las grabaciones de un bar en el que la denunciante contaba que había sufrido uno de los episodios violentos y que se pidiera información a un centro médico al que la chica acudió en una ocasión tras una de las agresiones relatadas.

En aquella ocasión, la víctima no refirió al personal sanitario el origen de los daños de los que fue atendida.

A la espera de la práctica de esas diligencias, el fiscal pidió que se prohibiera al presunto maltratador acercarse a menos de 200 metros y comunicarse con la víctima por cualquier vía, petición a la que se adhirió el abogado de la denunciante, quien no solicitó ninguna medida complementaria.

Ni el fiscal ni el abogado de la víctima solicitaron prisión para el detenido por los hechos denunciados.

El presunto agresor había sido condenado en septiembre de 2013 a 64 días de trabajos en beneficio de la comunidad por dos episodios violentos con una pareja anterior, a la que en una ocasión dio una bofetada cuando volvían de una fiesta y en otra ocasión amenazó.

Según el Tribunal Superior de Justicia valenciano, fue una sentencia de conformidad, en la que el maltratador reconoció los hechos y aceptó la pena que le pedía el fiscal.