Tres meses de cárcel por haber cortado las orejas y el rabo a un perro sin sedarlo

Este juicio se engloba dentro de os derivados de la Operación Ears donde 32 personas fueron detendrías en febrero de 2016 por un presunto delito de mutilaciones a perros.

Investigan a dos personas por mutilar las orejas y el rabo a un perro
Un perro con las orejas y el rabo mutilado
Guardia Civil

A tres meses y un día de cárcel ha sido condenado a un hombre este miércoles por haberle cortado las orejas y el rabo a su perro con fines estéticos y sin haberlo sedado. Según explica El País, los hechos ocurrieron en 2015 cuando le recortó las orejas a un cachorro de dos meses sin asistencia veterinaria en La Sierra de Huelva. El juzgado de lo penal número 1 de Huelva ha justificado la sentencia basándose en que esta operación, en caso de ser necesaria, debe realizarse siempre por un veterinario con anestesia y con el cuidado de no dañar la columna vertebral del animal. Además, el propietario estará durante un año inhabilitado para ejercer el comercio o una profesión relacionada con animales.

Este juicio pertenece a los derivados de la operación Ears (Orejas) por la que fueron detenidas 32 personas (seis veterinarios y 26 cazadores) en febrero de 2016 por el presunto delito de mutilar rabos y orejas a perros en Huelva. Tal y como cuenta El País, algunos de estos juicios ya se han celebrado y uno de los detenidos ya ha sido condenado a seis meses de prisión y a un año de inhabilitación para ejercer un oficio relacionado con animales.

Una práctica común

Desde 203, la Ley Andaluza de Protección de los Animales tilda de infracción muy grave las mutilaciones "con fines exclusivamente estéticos o sin utilidad alguna, salvo las practicadas por veterinarios", pero aun asi la otodectomía (cortar las orejas) y la caudectomía (cortar el rabo) a determinadas razas en el mundo de la caza es una práctica muy extendida. Por ello, muchos son los cazadores onubense que viajan hasta Extremadura para realzar estas operaciones en clínicas veterinarias y evitar así la legislación andaluza, informa El País.

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