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Nacional

Demagogia sobre las pensiones

Por
  • Enrique García Tomás
ACTUALIZADA 24/01/2018 A LAS 05:00

Como cada cierto tiempo, las pensiones han vuelto a la actualidad. Y como siempre, con una gran carga de demagogia, olvidando lo más importante de nuestro sistema público de protección social, basado en la solidaridad para otorgar rentas de sustitución por las dejadas de percibir derivadas del trabajo, debido a causa de incapacidad para el mismo o jubilación. Por ello, chirrían afirmaciones como que los pensionistas en los últimos años han perdido poder adquisitivo con el exiguo aumento del 0,25% anual de sus prestaciones, ya que el aumento en base a la subida del IPC, previsto por la ley, suele ser mayor, pero también ha sido menor en ocasiones. O que las pensiones no deberían estar sujetas al impuesto sobre la renta.

Se ha llegado a decir que, debido a la crisis económica, muchos pensionistas han tenido que ayudar a sus hijos, pese a unos ingresos supuestamente insuficientes, o que hay quienes llevan cobrando la pensión más años de los que cotizaron. Todo lo cual es verdad, pero se escapa a lo que, como ya he escrito, es el espíritu de nuestro sistema de pensiones, que no tiene carácter sinalagmático, por lo cual, en conjunto, es mucho más beneficioso que un seguro privado, pues, entre otras cosas, tiene establecidas unas pensiones mínimas para quienes (muchos) con sus cotizaciones no generan derecho a una pensión igual o superior a la cuantía de las mismas.

El problema es que en agosto de 1985 se hizo una gran reforma, pero posteriormente el sistema, que necesita ser cambiado casi en su totalidad, solo ha sido parcheado con ideas, políticas más que técnicas, para contentar a determinados sectores. Hace treinta y dos años y medio se legisló con visión de futuro, aunque corto, y se trató de evitar fraudes. Y ahora se legisla con miras aún más cortas, pensando en las próximas elecciones y, a veces, hay que rectificar o desdecirse de lo prometido. Entonces, se evitó que un jubilado cobrara más de pensión que trabajando. Cosa que ocurría cuando, al cumplir los 63 años, el empresario le aumentaba la cotización, aun sin pagarle el sueldo que por ello figuraba en su nómina, lo despedía a los seis meses y pasaba a la situación de desempleo durante dieciocho meses, transcurridos los cuales, al cumplir los 65 años de edad, se jubilaba con la base reguladora generada en los veinticuatro últimos meses. Los de cotización más alta de su vida laboral, que no se correspondía con los salarios percibidos.

Actualmente hay otros mecanismos de fraude no controlados o permitidos, que no son objeto de este comentario. Y sobre todo, hay unas cuantas prestaciones no del todo razonables, aunque algunas se hayan ido racionalizando. Está muy bien el tratamiento que ahora tienen las cotizaciones de los trabajadores a tiempo parcial, que les permite incluso cobrar jubilados más que trabajando. Y a nadie se le escapa que la pensión de viudedad ha de ser mejorada sensiblemente. Para lo cual se han hecho muchos intentos (el pasado mes de diciembre se aprobó un borrador de decreto para ello), pero no han cuajado. Quizás porque junto a la mejora de sus cuantías habría que poner algunas trabas a su acceso; y seguramente por eso se pretende que, junto a la de orfandad, pasen a ser satisfechas con cargo a los Presupuestos Generales, en lugar de exclusivamente con los de la Seguridad Social.

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social no debería anunciar medidas, como la de la posible elección del periodo computable para la pensión de jubilación, sin comprobar si son razonables, o si es posible llevarlas a cabo sin crear agravios comparativos. Lo que realmente importa es buscar soluciones para que la pervivencia del sistema no se ponga en duda, pero eso tiene muy poco rédito político, pues ha de tener carácter restrictivo o de una mayor contribución por parte de los interesados. Prueba de tal dificultad es que el previsto factor de sostenibilidad tiene que entrar en vigor dentro de once meses y aún no se sabe en qué términos y con qué parámetros se hará.

Tampoco los cuarenta y cinco miembros (con sus dos letrados) de la comisión para el seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo hacen un esfuerzo para buscar ideas para aportar las soluciones necesarias que no encuentran los sucesivos gobiernos de la nación, según se viene demostrando a lo largo del tiempo que lleva funcionado tal comisión. Seguramente, porque están en el ámbito político, o en el técnico de gran economía, pero no al nivel de la calle, donde se ve el resultado final de lo legislado. Claro que de nada servirá dar ideas si quienes tienen el poder de legislar y quienes levantan la voz a favor del colectivo que motiva este comentario no se conciencian de la finalidad real de nuestro sistema público de pensiones.

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