El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha cifrado en 87 millones de euros el coste del despliegue de hasta 6.000 agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil por el referéndum ilegal del 1-O en Cataluña.

"La arrogancia e irresponsabilidad del expresident de la Generalitat Carles Puigdemont y de su gobierno ha supuesto para todos los españoles un coste económico de 87 millones de euros, además de los 1.000 millones sobre el impacto de la desaceleración económica", ha dicho en el Senado, donde comparece para explicar ese despliegue.

Zoido ha defendido que la llamada Operación Copérnico tenía como objetivo responder con "eficacia" a la "rebeldía" de los independentistas, a la "clamorosa desobediencia" a la justicia del Gobierno catalán y a impedir que los catalanes fueran "arrojados al abismo".

Además, Zoido ha criticado la "absoluta pasividad" y "nula colaboración" de los Mossos d'Esquadra para dar cumplimiento al mandato judicial de impedir el referéndum independentista en Cataluña del 1 de octubre, en el que, según sus datos, en 149 de los 948 municipios hubo más votantes que personas censadas.

El titular de Interior ha destacado en su comparecencia en el Senado que durante el referéndum ilegal las Fuerzas de Seguridad desactivaron 113 centros de votación y cerca de un centenar de locales "que en unos casos no llegaron a abrir y en otros cerraron" a pesar de la actuación de los comités de defensa del referéndum y de una "resistencia pasiva organizada".

"Una resistencia pasiva organizada que, en la mayoría de las ocasiones, obligó a una intervención laboriosa y, en algunos casos, derivó en una mayor virulencia de las personas parapetadas, especialmente una vez la fuerza actuante se preparaba para abandonar el lugar", ha señalado, denunciando la "organización y complicidad" de los organizadores, con la connivencia de las patrullas de los Mossos.

La actitud de los mossos el 1-0 fue de "absoluta pasividad" y "nula colaboración" ante la actuación de la Policía Nacional y Guardia Civil y, según Zoido, se ha podido constatar cómo la policía autonómica incautaba urnas "una vez finalizado el recuento y las llevaban hasta las comisarías". También ha lamentado "como el que más" los heridos, aunque ha culpado a los impulsores del 1-O.

Fue esto lo que, según su relato, provocó "en ciertos puntos incidentes de violencia que obligaron a utilizar la mínima fuerza imprescindible para simplemente poder marcharse del lugar". "Un elemento común a todas las intervenciones fue la existencia de una actividad de oposición organizada en contra de la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", ha dicho.

Absolutamente necesario

Por otro lado, el ministro del Interior ha avalado la actuación de la Policía Nacional y la Guardia Civil en la jornada de referéndum ilegal de Cataluña del 1-O, que ha calificado de "legítima, profesional y proporcionada".

"Los hechos son lamentables y, preferiblemente, nunca debieron producirse, pero las fuerzas de seguridad del Estado no pueden eludir su responsabilidad, no pueden mirar para otro lado, tienen que actuar cuando las circunstancias lo requieren y además cuando la autoridad judicial o fiscal lo ordena", ha dicho.

Pero ese día "fue absolutamente necesario", ha añadido Zoido, quien ha subrayado que, aunque no le correspondía juzgar "si todos cumplieron de la misma forma sus obligaciones", quizá "si todos hubiesen cumplido con sus obligación, algunos de los hechos que tanto se han criticado no hubieran tenido lugar".