Los abogados de un exdirector de Trabajo andaluz renuncian a su defensa en los ERE

Los abogados del ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Daniel Alberto Rivera han renunciado a su defensa en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, que comenzó a instruirse en enero de 2011, dadas las "numerosas y reiteradas diferencias irreconciliables" existentes entre ellos.

En un escrito elevado al Juzgado, los letrados explican que han venido representando a Rivera tanto en la causa matriz de los ERE como en ocho piezas separadas por las ayudas a Santana Motor, Azucareras Reunidas de Jaén, Faja Pirítica de Huelva, Calderinox, A Novo Comlink, Centro Aceitunas, Nexpron, y Ayuntamiento de Villanueva del Río y Minas (Sevilla).

Al hilo de ello, subrayan que la existencia de "numerosas y reiteradas diferencias irreconciliables" con su patrocinado "imposibilitan" que "puedan defender de forma correcta los intereses" de Daniel Alberto Rivera, "habiendo quebrado la recíproca relación de confianza que debe presidir el trato entre el cliente y su actuación profesional".

Por ello, y por medio de este escrito, presentan su renuncia a la defensa del ex alto cargo tanto en la causa matriz de los ERE como en las ocho piezas separadas mencionadas, poniendo en conocimiento de la juez María Núñez Bolaños que el despacho "ya ha informado de tales medidas" al investigado.

Para finalizar, solicitan a la magistrada la "suspensión" de los procedimientos en curso donde está siendo investigado Daniel Alberto Rivera al objeto de "evitar una posible indefensión" de su patrocinado, así como que "se inste el nombramiento de nuevo letrado o se designe uno de oficio".

Expulsado de la pieza 'política'

Rivera, cabe recordarlo, iba a ser enjuiciado junto a otros 22 ex altos cargos de la Junta por el denominado procedimiento específico por el que se concedieron las ayudas de los ERE, aunque, el pasado mes de abril, la Audiencia Provincial de Sevilla decidió exculparlo, estimando así su recurso contra el auto de 31 de mayo de 2016 en el que el juez Álvaro Martín le procesó.

La Sección Séptima considera que, de los hechos analizados, "se desprende más bien" que Rivera contribuyó "al desmontaje del sistema urdido sobre la base de las transferencias de financiación como método irregular de distribución de las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis tan reiteradas", por lo que "no se puede predicar que concurran indicios sólidos" para mantenerlo como imputado en esta pieza separada.

Todo ello, no obstante, "sin perjuicio de las responsabilidades penales derivadas de los pagos hechos a través de la asunción de compromisos adquiridos con anterioridad al ejercicio de sus funciones en la Consejería de Empleo, que corresponde esclarecer, en su caso, en los procedimientos concretos que se hayan abierto o abran para indagar cada ayuda en concreto".

De este modo, el tribunal añade que, si bien "es cierto que en el año 2010 acordó la concesión de ayudas sociolaborales y a empresas en crisis por un importe de unos 36 millones de euros, no lo es menos que tanto en la Consejería de Empleo como en la Dirección General de Trabajo, durante su mandato, se adoptaron medidas tendentes a cambiar el estado de las cosas".

Así, afirma que Rivera "no ordenó ningún pago relativo a una nueva concesión de ayudas sociolaborales o a empresas en crisis, limitándose a ordenar pagos aplazados en relación a compromisos adquiridos en etapas anteriores, a no ser las concedidas a Astilleros de Huelva y a Astilleros de Sevilla".