La comisión sobre la 'caja b' del PP apela a Ana Pastor para que la Audiencia Nacional colabore

El presidente de la comisión del Congreso que investiga la presunta financiación ilegal del PP, Pedro Quevedo, ha formalizado por escrito su petición a la presidenta de la Cámara, Ana Pastor, para que traslade a la Audiencia Nacional el malestar que ha causado su negativa a remitir a los comisionados el grueso de la documentación relativa a casos de corrupción que salpican a los 'populares' que habían solicitado y para que exija a los jueces que colaboren lealmente con este órgano.

El pasado mes de noviembre la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional, tres de cuyos miembros integran el tribunal que ha juzgado la primera etapa de la actividad de la red de corrupción 'Gürtel', denegó el envío de varios documentos por tratarse de asuntos que aún se están investigando.

En concreto, rechazó entregar informes de la Unidad de Delitos Económicos de la Policía (UDEF) y de la Intervención General del Estado (IGAE) y advirtió al Congreso de que sólo aportará las resoluciones judiciales que se le soliciten. Los jueces tomaron esta decisión para preservar la presunción de inocencia de los investigados argumentando que "podría verse comprometida por investigación paralela no sujeta a las garantías del proceso penal".

No obstante, hubo un voto particular del magistrado José Ricardo de Prada quien considera que esta falta de colaboración con el Congreso es injustificada porque el objeto de la investigación parlamentaria no determinar responsabilidades penales, y, por tanto no está en peligro la presunción de inocencia.

No busca interferir en los procedimientos

En su misiva a Pastor, Quevedo también rebate los argumentos de la Audiencia y recalca que "no es en absoluto propósito" de la comisión "interferir en los procedimientos judiciales, sino todo lo contrario".

"Pero, con el máximo respeto al Poder Judicial --continúa-- se considera que si se cierran los cauces de una leal cooperación quedaría comprometido el ejercicio de las competencias y facultades que la Constitución y el resto de nuestro ordenamiento jurídico han querido atribuir a las comisiones de investigación".

Además, señala que no comparte los "riesgos" que, según la Audiencia, se derivarían del envío de esa información, puesto que como no podría ser de otra manera, "se entiende que la lealtad institucional debe presidir las relaciones entre el Poder Legislativo y el Judicial".

Trabajamos con rigor

En este sentido, también recuerda a la Audiencia que el Reglamento del Congreso "garantiza el carácter secreto de los datos, informes o documentos facilitados a las comisión de investigación para el cumplimiento de sus funciones, cuando lo disponga una ley o cuando así lo acuerde la propia comisión".

El diputado de Nueva Canarias también se queja de haberse enterado por la prensa de la negativa de la Audiencia a remitir la documentación requerida y de la tardanza de este órgano en contestar a la comisión, lo que, desde su punto de vista, "no redunda precisamente en favor de la dignidad de los trabajos" del órgano que preside.

Quevedo aprovecha para subrayar que esta comisión, el PP tiene recurrida ante el Tribunal Constitucional, "lleva a cabo su trabajo con el debido rigor, en el marco que delimitan la Constitución, las leyes y el Reglamento de la Cámara, siempre en los términos y el alcance con el que fue creada por el Pleno del Congreso".