La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide para el expresidente de la Asociación de Usuarios de Servicio de la Banca (Ausbanc) Luis Pineda, 118 años y 5 meses de cárcel y para el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, 24 años y 10 meses por liderar una campaña de extorsión en los medios de comunicación contra empresas, entidades bancarias y asociaciones a cambio de no hacerles publicidad negativa.

El Ministerio Público les imputa a ambos los delitos de organización criminal y extorsión y en el caso de Pineda --en prisión preventiva desde abril de 2016-- añade estafa y blanqueo de capitales y le pide una multa de 10 millones de euros. Para la que fuera abogada de la acusación en el 'caso Nóos', Virginia López Negrete, solicita 11 años y 11 meses de cárcel por organización criminal y extorsión.

El fiscal, que reclama la disolución de todas las sociedades vinculadas a Ausbanc y Manos Limpias, dirige su acusación contra ocho personas más en el marco de la causa instruida por el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que cerró el pasado mes de octubre tras más de dos años de investigación al considerar que había quedado acreditada la existencia de una organización criminal liderada por Pineda.

El informe relata cómo el principal acusado ideó la creación de una asociación "sin finalidad de lucro" que denominó Ausbanc pero que en realidad buscaba el enriquecimiento ilícito personal a través de tres canales principalmente: las cantidades que bancos y empresas pagaron ante las amenazas de realizar campañas públicas de desprestigio en su contra, las provenientes de subvenciones y de las cuotas de los asociados adheridos, es decir, los que no podían participar en la toma de decisiones de Ausbanc.

La Fiscalía establece una estructura de la organización en cuya cúspide sitúa a Pineda por ser el encargado de buscar financiación y ocultarla bajo presuntos convenios publicitarios a cambio de publicidad favorable en sus revistas. También la conseguía negociando con entidades bancarias a cambio de no presentar potenciales demandas contra las mismas. Estas actuaciones contaron desde 2012 con el beneplácito del entonces secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernard, financiando para ello al sindicato.

Extorsión a la defensa de la Infanta

La actividad de Ausbanc y Manos Limpias se ha podido concretar en la estrategia que usaron Pineda y Bernad para intentar negociar la retirada de la acusación contra la Infanta Cristina en el caso Nóos a cambio de un acuerdo que les beneficiara económicamente, presionando para ello al entorno de la defensa jurídica de la Infanta.

En este sentido, el fiscal cuenta que primero Bernad exigió a Jaume Giró Ribas, director y responsable de Reputación de la Fundación La Caixa, donde trabajaba la Infanta Cristina, que la entidad ayudara económicamente con dos millones de euros a la empresa de seguridad LPM por la "grave situación financiera" que atravesaba.

Ante la falta de contestación, fue Pineda el que retomó la propuesta y después se puso en contacto con el despacho de Miquel Roca, que llevaba la defensa de la Infanta, alegando que habían tenido muchos gastos procesales que podrían haber llegado "hasta los tres", refiriéndose a tres millones de euros. Según el Ministerio Público, de toda esta estrategia era conocedora la abogada López Negrete, quien "seguía las instrucciones que le daba Bernad y enviaba la información que obtenía del caso a Pineda" y a otra de las imputadas, Rosa Isabel Aparicio.

Este tipo de estrategia también fue empleada por Pineda y Bernad en otros casos como en la acusación de Manos Limpias en el caso de los falsos ERE de Andalucía, en concreto la extorsión a Unicaja para archivar el procedimiento contra su presidente, Braulio Medel, la presión ejercida al Banco Sabadell, a Volkswagen en el caso del trucaje de los motores diésel de sus vehículos, al Banco Santander y a La Caixa.

BBVA y Caja Madrid, entre los afectados

Según el relato de los hechos, la red consiguió un total de 808.000 euros entre los años 2003 y 2007 de BBVA, que acabó rompiendo el contrato con la asociación en 2012. Un año después comenzaron las noticias negativas contra la entidad que preside Francisco González relacionadas con la investigación del caso 'Nóos'. En concreto los principales acusados junto con López Negrete buscaron la imputación en la causa del jefe de Responsabilidad y Reputación Corporativa de BBVA Antonio Ballabriga.

Dinámica similar se puso en marcha con Caja Madrid cuando tras la resolución del contrato se iniciaron una campaña mediática y judicial contra su entonces presidente, el fallecido Miguel Blesa, personándose en la causa instruida en los Juzgados de Plaza Castilla por la concesión de un crédito de 2,6 millones de euros de la caja al empresario Gerardo Díaz Ferrán. También sufrieron campañas negativas Crédit Services y Novagalicia Banco, que se negó a abonar un pago de 300,000 euros.

Campaña por motivos personales

Se dan otros casos en los que los acusados iniciaron una campaña negativa "exclusivamente por motivos personales", como la que pusieron en marcha contra el portavoz de Facua, Rubén Sánchez por la "enemistad" entre ambos y porque la asociación de consumidores era competencia directa de Ausbanc. Precisamente Pineda ha sido condenado en diversas ocasiones por un juzgado de Sevilla por difamar al periodista.

Lo mismo ocurrió con Fernando Puig de La Bellacasa, subsecretario de Sanidad bajo el mando de la entonces ministra de Sanidad Elena Salgado, contra quien se actuó tras la expulsión de Ausbanc del Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios.

Igualmente el Ministerio Público menciona los litigios de Ausbanc contra Bankia, Gas Natural, Caja España, Banco Mare Nóstrum, Liberbank, Unicaja (que llegó a pagar más de un millón de euros a Pineda), Nissan, Barclays Bank, Caja Castilla La Mancha, CAM y Europistas, la empresa concesionaria de la autopista de peaje AP-1, Burgos-Armiñón y Banc March, entre otras.

Por otro lado, el escrito también cuenta que entre 2004 y 2014 'Ausbanc Consumo' recibió subvenciones en concepto de "subvenciones a entidad sin fines de lucro y de ámbito nacional, destinadas al fomento del asociacionismo de consumo", otorgadas por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Aunque en ningún caso excedieron de 120.000 euros por ejercicio, el fiscal apunta que Ausbanc "incumplía los requisitos de número de asociados para obtener las mismas, así como el fin real de la asociación".

Niveles del entramado

En un segundo nivel, se encontraba el tesorero de Ausbanc Alfonso Sole Gil, que se enfrenta a una petición de 37 años y cinco meses de cárcel y multa de 10 millones de euros por los delitos de blanqueo de capitales y el adjunto a la Presidencia de la asociación, Ángel Garay para quien pide 32 años y cinco meses de cárcel y multa de 10 millones de euros.

Los miembros de la Junta Directiva que se encuentran en un tercer nivel son María Teresa Cuadrado (21 años y 11 meses), María Manuela Mateos (66 años y 10 meses), María Isabel Medrano (60 años de prisión) y Hermenegildo García, para quien la Fiscalía pide 15 años y 11 meses de cárcel. Finalmente en un cuarto y último nivel ubica a la letrada López Negrete, Rosa Isabel Aparicio (51 años y 10 meses), Luis María Suárez (16 años).

El dinero recaudado se destinaba también a una serie de sociedades vinculadas a Ausbanc mediante facturas falsas y con el que se adquirieron bienes inmuebles. El fiscal destaca más de una decena de empresas y entidades mercantiles, algunas fuera de España, en cuyos puestos de dirección figuraban gran parte de los acusados.