Amnistía denuncia discriminación hacia las víctimas de violencia sexual

Amnistía Internacional ha censurado este jueves la persistencia en España de prejuicios discriminatorios que ponen en duda la credibilidad de las víctimas de violencia de género y de agresiones sexuales, que impactan de manera negativa en los derechos de las mujeres.

Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que se celebra el próximo sábado, la organización ha denunciado que España sigue sin cumplir sus obligaciones internacionales en el marco de la investigación, la prevención, la sanción y la reparación integral de las víctimas de violencia sexual.

"Fallamos de manera alarmante como sociedad cuando a las víctimas de violencia de género, y especialmente a las de violencia sexual, se las trata como acusadas, y cuando la noticia es si su relato es veraz o no, como estamos viendo estos días en el juicio que se está celebrando en Pamplona", ha señalado en un comunicado Virginia Álvarez, responsable de política interior de AI España.

De esta forma, alerta de la persistencia de prejuicios discriminatorios que atentan contra los derechos de estas víctimas en el proceso judicial: a diferencia de lo que sucede en otro tipo de delitos, las mujeres se enfrentan a las dudas de las autoridades sobre la credibilidad de sus testimonios.

Respecto a la violencia sexual, la organización ha denunciado en diversas ocasiones la falta de recolección de datos desagregados, lo que impide conocer la "dimensión del problema".

Según datos de la Macroencuesta de Violencia contra las Mujeres de 2015, el 7,2% de las niñas y mujeres han sufrido violencia sexual en algún momento de su vida, lo que equivale a más de 1,4 millones de víctimas; mientras, los datos del Ministerio del Interior solo registran las denuncias presentadas, que ascendieron a 8.763 el año pasado.

También lamenta la ausencia de iniciativas como campañas y acciones de prevención, la falta de servicios especializados de atención y recuperación de las víctimas o la de especialización de todos los agentes que intervienen en el proceso de atención a las víctimas.

Mientras, la violencia de género en el ámbito de pareja y expareja "sigue siendo una grave violación de derechos humanos en España y quedan muchas cuestiones por resolver", y a pesar de los avances conseguidos desde la aprobación de la ley integral en 2004, éstos "no han alcanzado la violencia sexual en sus diferentes manifestaciones".

Aunque el pacto de Estado alcanzado el pasado mes de septiembre propone la creación de una Mesa de Coordinación Estatal sobre Violencia Sexual, "es necesario que el Gobierno concrete medidas" como el desarrollo de un sistema de atención integral y de urgencia, accesible y de calidad en todo el territorio nacional.

Sistema que debe contar con al menos un centro de crisis por cada 200.000 mujeres, y como mínimo, uno por cada comunidad autónoma, disponible las 24 horas del día, todos los días del año, "algo que no existe por el momento en todo el territorio español".

Y es que para Amnistía, el pacto de Estado adolece de "dos grandes ausencias": carece de una verdadera política pública para combatir la violencia sexual y no aborda la falta de medidas para reparar a las víctimas mediante una indemnización adecuada.

El próximo 25 de noviembre "es un buen momento para que el Gobierno, en coordinación con el resto de administraciones públicas, Fiscalía, Poder Judicial y resto de agentes, anuncie medidas concretas para abordar de manera eficaz" un problema que ha acabado con la vida de 916 mujeres desde 2008 y con la de 29 menores desde 2013, y que "podría afectar a 2,5 millones de mujeres de los 16 años en adelante".