El coronel Diego Pérez de los Cobos, cargo del Ministerio de Interior que coordinó el dispositivo del 1-O, acusa a los Mossos d'Esquadra de "absoluta pasividad" ante el referéndum y de intentar "entorpecer" las intervenciones de la Policía Nacional y la Guardia Civil para impedir la votación.

En el informe que ha presentado ante la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que investiga al Govern por el referéndum, De los Cobos sostiene que el dispositivo que la policía catalana montó para el 1-O, "más que dar cumplimiento al mandato judicial, estuvo orientado a mantener la seguridad ciudadana al modo de unas elecciones legalmente convocadas".

En opinión del coordinador, las instrucciones dictadas por la Prefectura de los Mossos "hicieron que cumplir el mandato judicial fuera tarea inasumible para los binomios" de agentes enviados a los puntos de votación, y los incidentes podrían haberse evitado "mediante una actuación anterior de cierre de locales" por parte de la policía catalana los días previos o en las primeras horas del 1-O.

En las reuniones de coordinación, según el informe, los Mossos se comprometieron "reiteradamente" a enviar dotaciones policiales a los puntos de votación para proceder a su cierre", pero finalmente mantuvieron una "actitud pasiva, incluso cuando se produjeron agresiones a los agentes actuantes" de la Policía Nacional.

Según el informe, en tres casos "ocurrieron incidentes directos con agentes de Mossos que entorpecieron o dificultaron las actuaciones policiales", en otros locales de votación las urnas fueron entregadas a la policía catalana, una vez realizado el recuento, y constan grabaciones que muestran a agentes de este cuerpo "compartiendo la actitud festiva e incluso jocosa de los que incumplían la ley".

De los Cobos reprocha a los mandos de la policía catalana su "nula colaboración" y que no modificaran el dispositivo previsto para impedir el 1-O, pese a que la convocatoria de los organizadores a concentrarse a las 5.00 de la mañana a las puertas de los colegios "fue ampliamente difundida por las redes sociales".

El informe detalla locales en que los Mossos sostuvieron urnas mientras los votantes introducían papeletas, gestionaron el cierre del local sin intervenir material, realizaron "contravigilancias" o alertaron a las personas que se hallaban en el interior del recinto de la intervención de la Policía Nacional.

De hecho, De los Cobos apunta a que los Mossos se incautaron de urnas una vez finalizado el recuento, una actuación que "podía ser presentada ante la autoridad judicial como cumplimiento efectivo del mandato judicial" y que, según el informe, constituye un "engaño" que "pone en tela de juicio la legitimidad de las cifras de urnas" que la policía catalana asegura haber intervenido en su informe.

Según el cargo del Ministerio, los Mossos solicitaron apoyo a las fuerzas de seguridad del Estado a las 8:53 horas del 1-O y reiteraron su petición a las 9:11 horas en 233 puntos de votación, de los que la Policía Nacional y la Guarcia Civil acabaron interviniendo en doce.

En esos doce centros, sostiene el informe, los agentes tuvieron que enfrentarse con "actitud hostil y en ocasiones violenta", a pesar de que los Mossos "reflejan actitud pacífica de los concentrados", y se encontraron con que no había dotaciones de la policía catalana o que ésta mantenía una "actitud pasiva".

En uno de esos casos, según De los Cobos, entre las personas "parapetadas" figuraba un escolta de la consellera de Enseñanza, Clara Ponsatí, "sin que dicha circunstancia fuera advertida por los Mossos d'Esquadra al solicitar apoyo".

El coronel de la Guardia Civil describe además la existencia de una "resistencia pasiva organizada" por parte de los votantes que obligó a los agentes a una "intervención laboriosa y, en algunos casos, derivó en una mayor virulencia de las personas parapetadas", especialmente cuando la policía se disponía a retirarse.

Según De los Cobos, los agentes se vieron obligados a utilizar la "mínima fuerza imprescindible" ante algunos incidentes de "violencia y agresividad" contra los policías por parte de las personas parapetadas en los locales -entre unos cientos y 1.500-, algunas de ellas "encapuchadas".

El coronel asegura que las fuerzas de seguridad "tuvieron que apartar uno a uno a cuantos se colocaban como parapeto" para impedir su acceso a los locales, en acciones que a su parecer "no se improvisaron, no fueron fruto de una reacción espontánea en cada punto de votación".

El informe destaca que "en ningún caso la actuación policial tuvo como objetivo a los votantes ni a los ciudadanos que se encontraban en la zona" ni pretendía desalojar los centros de votación, sino centrarse en la retirada de las urnas y la incautación de material electoral, causando "el menor impacto posible sobre las personas congregadas".