El Conselh Generau d'Aran reclamará un reconocimiento a su régimen de gobierno en la Constitución si se reforma la Carta Magna, según ha explicado este lunes el síndic, Carlos Barrera.

"Entendemos que en algún momento debe haber una revisión de la Constitución española. No sabemos cuándo, en algún momento sucederá y quizás ese sea el momento de la Vall d'Aran de mostrar su reivindicación y contar con el reconocimiento institucional, pero ahora nuestro día a día pasa por estar atentos y esperar a las elecciones del 21 de diciembre", ha explicado Barrera tras reunirse con los portavoces de las fuerzas aranesas en el Conselh para preparar la convocatoria de un pleno el jueves 2 de noviembre en el que se aprobará una declaración institucional sobre la situación política catalana.

Las fuerzas del Coselh Generau, Convergencia Democrática Aranesa (CDA), Unitat d'Aran (UA) i Partit Renovador d'Arties-Garòs (PRAG), han acordado someter a votación del pleno este jueves un acuerdo institucional en el que se reflejarán las aspiraciones aranesas de poder avanzar en el despliegue de la Ley de Aran y "el posicionamiento de futuro de la Vall d'Aran ante una posible revisión o modificación de la Constitución española" ha afirmado Barrera.

El síndic ha explicado que la Constitución contempla actualmente tres administraciones, la del Estado, la autonómica y la local, en la que está enmarcada el Conselh Generau d'Aran, y ha añadido que "quizás cabe otro reconocimiento".

Carlos Barrera ha insistido en que la Ley de Aran emana del Parlament de Cataluña y ha avanzado que la declaración institucional recogerá el agradecimiento del Conselh Generau d'Aran al Parlament por la primera ley de régimen especial, de 1990, y por la segunda, del 5 de febrero de 2015, que recoge "la voluntad del pueblo aranés de seguir creciendo en autogobierno".

El encuentro de este lunes ha servido también para analizar los efectos de la aplicación del artículo 155 de la Constitución en el valle, sobre el que Barrera ha asegurado que afecta al autogobierno.

"Con el cese fulminante de todo el Govern de la Generalitat, y del presidente, en el Conselh políticamente nos hemos quedado sin interlocución para continuar desarrollando la ley de régimen especial de la Vall d'Aran", ha asegurado el síndic, para quien hay menos efectos en tesorería.

"En tesorería no afecta porque las órdenes de pago del Conselh llegaban a través de la Conselleria de Economía, que daba traslado al Ministerio de Hacienda, y las últimas se han pagado a su debido tiempo", ha agregado.